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La Vigencia de los Derechos Humanos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la luz del Derecho Supranacional. [ + ] VER PUBLICACIÓN

Casi todos los temas que involucran a la Ciudad conciernen también a la Provincia de Buenos Aires, a alguno de sus municipios o a la Nación, sus entes descentralizados o sus planes federales. Y la toma de decisiones en muchos de ellos no está en manos de las autoridades locales sino de las nacionales. Los porteños representan apenas el 9,52% del total de los votantes, un dato que explica en parte por qué la resolución de los problemas de la Ciudad no es una cuestión prioritaria para la administración central del Estado Nacional.

A ello debe agregarse, en los últimos años, el particular encono demostrado contra el gobierno porteño por los funcionarios nacionales, que difculta aún más la situación que, desde la sanción de la ley 24.588, transitan las sucesivas administraciones locales.

La falta de autonomía no sólo afecta al sistema de administración de justicia, tornándolo incoherente, sino también a la prestación del servicio de seguridad y policía, la regulación de matrículas profesionales de los médicos y auxiliares de la medicina que ejercen en la Ciudad, el registro de la propiedad de los inmuebles y el transporte y los demás servicios públicos que utilizan nuestros vecinos, quienes pacientemente sufren sin que puedan las autoridades locales hacer nada para su mejora. El agua, la electricidad, los trenes y ómnibus y la telefonía fja y móvil son administrados por entes nacionales. Las tierras remanentes del ferrocarril que están en la Ciudad también: el Organismo Nacional de Administración de Bienes (ONABE) es el responsable de esa tarea. En síntesis, sin servicios esenciales propios ni policía ni justicia cabalmente locales, y con los servicios de supervisión de salud también en égido nacional, la Ciudad es un estado cuyas autoridades carecen de las atribuciones sufcientes para garantizar a sus habitantes el pleno goce de sus derechos.

Igual de preocupante es la difcultad para establecer una coordinación metropolitana: por diversas razones, al menos 24 municipios tienen contacto cotidiano y permanente con nuestras instituciones, ya sea por trabajo, salud, estudios, esparcimiento o transporte. La frontera entre la Ciudad y el conurbano provincial existe sólo en los mapas: la población se desplaza constantemente entre una y otro, y lo mismo sucede con la circulación de los bienes y residuos que produce. Todos los problemas que son comunes a ambas regiones deberían haber encontrado un cauce institucional de coordinación metropolitana acordado y permanente. Pero la realidad indica que no es así, y las prácticas cotidianas sólo se sostienen por convenios parciales.

De esta forma, en cada fascículo de la colección Diagnósticos podremos ver la incidencia que la falta de autonomía o de coordinación metropolitana ocasionan en perjuicio de nuestra ciudadanía y de sus derechos.

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