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Prensa

05 de diciembre de 2010. Despacho 121
INFORMACIÓN GENERAL
Falta de seguridad e higiene en juegos infantiles de plazas de la Ciudad

Luego de una verificación realizada por la Defensoría del Pueblo en las plazas de la Ciudad de Buenos Aires, se constataron serias deficiencias en las condiciones de seguridad, mantenimiento, accesibilidad e higiene en la mayoría de los espacios verdes visitados.

En febrero de este año, la Defensoría había recomendado a la Dirección General de Espacios Verdes que se ejecuten las obras destinadas a restablecer las condiciones de los predios. Como así también, que se subsanen los deterioros en el estado de los juegos infantiles dentro de los plazos determinados en la Ley 302, cuyo texto dispone un sistema de inspección periódica de todos los patios de juegos para niños instalados en las plazas de la Ciudad.

En este sentido, la Defensoría del Pueblo solicitó que se coloquen carteles en los areneros con leyendas que adviertan sobre los riesgos emergentes del suelo y que se realicen los exámenes parasitológicos periódicos correspondientes.

A raíz del potencial peligro para la salud que implican las irregularidades detectadas y con el fin de que se cumpla con la normativa vigente, la Defensora del Pueblo, Alicia Pierini, reiteró en el mes de noviembre su recomendación al Director General de Espacios Verdes, Luis Brian Lehmann, y al Ministro de Ambiente y Espacio Público, Diego Santilli. (Infociudad)

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30 de noviembre de 2010. Despacho 120
INFORMACIÓN GENERAL
La Defensora del Pueblo pide que se suspenda la venta de termómetros con mercurio

Un grupo de integrantes de la Organización No Gubernamental “Salud sin Daño – América Latina” se presentó en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires para que intervenga en el pedido de suspender la venta de termómetros y tensiómetros con mercurio por considerarlo nocivo para la salud.

Según advierte la Organización Mundial de la Salud (OMS), “ el mercurio es altamente tóxico, ya que puede ser mortal por inhalación y perjudicial por absorción cutánea”. Además, explica que “alrededor del 80 por ciento del vapor de mercurio inhalado pasa a la sangre a través de los pulmones, situación que además de provocar daños pulmonares, produce efectos peligrosos en los sistemas nervioso, digestivo, respiratorio e inmunitario y en los riñones”.

La Defensora Alicia Pierini pidió al Ministro de Salud de la Nación, Juan Luis Manzur, que se retire de forma progresiva la venta de los instrumentos de uso médico que contengan mercurio. Asimismo, recomendó al Ministro de Salud porteño, Jorge Lemus, que se los retire de circulación de todos los hospitales y centros de salud de la Ciudad de Buenos Aires, y que se los cambie por otros que sean libres de dicho metal.

Actualmente, la ONG “Salud sin Daño” junto con la OMS lidera una iniciativa que tiene como objetivo reducir en al menos un 70 por ciento la demanda de estos termómetros y tensiómetros y su reemplazo por alternativas precisas, accesibles y seguras en todo el mundo. (Infociudad).

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25 de noviembre de 2010. Despacho 119
DERECHOS HUMANOS
La Defensora del Pueblo denunció en la justicia a los responsables del boliche "El Dorado"

La Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alicia Pierini, denunció penalmente por “conducta ilícita” a los responsables del local bailable “El Dorado”, ubicado en Hipólito Irigoyen 947, donde el pasado 5 de noviembre durante una fiesta de egresados una joven sufrió un corte profundo en su brazo y la retiraron del lugar sin brindarle asistencia médica.

Según las declaraciones de su hermano en la Defensoría, la joven se cayó de una tarima mientras bailaba junto a una amiga y se produjo la herida con un elemento cortante que había en el piso, además manifestó que dos patovicas se acercaron y le dijeron que la iban a llevar a ver a un médico. Sin embargo, la retiraron del boliche, la sentaron en la vereda y la dejaron allí sin brindarle ningún tipo de asistencia ni llamar a una ambulancia.

Por su parte, el testimionio indica que en el interior del lugar vendían bebidas alcohólicas a pesar de tratarse de personas menores de edad y que, aunque la fiesta era privada, el personal de seguridad no permitió el ingreso de algunos invitados por ser “morochos”.

La Defensora del Pueblo subrayó en su denuncia penal que los encargados de “El Dorado” en vez de resultar garantes de la seguridad de las personas que se encontraban en el local, pusieron en peligro la salud de la menor y la expusieron a una grave situación de desamparo. (Infociudad)

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19 de noviembre de 2010. Despacho 118
DERECHOS HUMANOS
La Defensora del Pueblo denunció penalmente a policías por un violento desalojo en asentamiento

La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires denunció por vejaciones y apremios ilegales al personal de la División Roca de la Policía Federal Argentina por el violento desalojo que se realizó en el asentamiento de Av. Vélez Sársfield y las vías del ferrocarril, ubicado en la Villa 21. 24, el pasado 10 de noviembre.

Las personas que residían en ese predio manifestaron ante la Defensoría del Pueblo porteña haber sido víctimas de violencia y abuso por parte de los efectivos de la Policía Federal que intervinieron en el desalojo. Los numerosos testimonios recibidos se refirieron a la brutalidad en el accionar de los policías, a la falta de uniforme o identificación de la mayoría de ellos y a la portación visible y uso de picanas eléctricas.

Por otro lado, la orden de desalojo y demolición de las viviendas en el mismo procedimiento no fue comunicada con la anticipación necesaria a las familias afectadas para que puedan resguardar sus bienes. Según las declaraciones obtenidas, los efectivos policiales irrumpieron en el lugar y retiraron sin el más mínimo cuidado todos los elementos que se encontraban dentro de las casillas, tiraron abajo las viviendas con palas mecánicas y luego cargaron lo colectado en una formación del ferrocarril.

En el texto de la denuncia penal, presentado por la Defensora del Pueblo Alicia Pierini, señala que “estamos frente a la criminalización de la usurpación y desalojo compulsivo por medio de la violencia, apremios ilegales, topadoras y picana”, y que: “El Estado debe adoptar las medidas acertadas para proveer de seguridad a quienes viven en los asentamientos urbanos”. A raíz de estos actos de violencia que también sufrieron mujeres con sus bebés en brazos, se destaca que “los niños y adolescentes constituyen un grupo que debe ser protegido especialmente ante situaciones como las denunciadas”.

El titular del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas número 2, Dr. Carlos Bentolila, fue quien ordenó el allanamiento del predio para restituir el terreno a la empresa Ferrosur S.A. (Infociudad)

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18 de noviembre de 2010. Despacho 117
INFORMACIÓN GENERAL
Emergencia habitacional: La Defensoría advierte sobre el riesgo de numerosas familias que viven en obras edilicias interrumpidas

Un informe de la Defensoría del Pueblo porteña destaca la excesiva cantidad de obras de construcción inconclusas en la Ciudad de Buenos Aires que son tomadas como vivienda por quienes atraviesan una situación de emergencia habitacional.

Las personas que acceden a estos edificios sin terminar se encuentran en un grave estado de hacinamiento y precariedad, al punto de poner en riesgo sus vidas. Uno de los casos detectados por la Defensoría es el de más de 40 familias, entre los que se cuentan al menos 60 niños, que viven en una obra paralizada conformada por una planta baja y siete pisos, ubicada en las calles Yerbal y Campana, en el barrio de Floresta.

La Defensoría del Pueblo advirtió que el lugar no reúne las condiciones mínimas de habitabilidad, y que la estructura edilicia carece de cerramientos y de protección en escaleras, balcones, etc.. Además, señaló: “Queda en clara evidencia que el contexto es de suma gravedad, ya que el inmueble se degrada con el paso de los días”.

Con el fin de resguardar la seguridad de las familias que residen en el edificio de Yerbal e investigar los numerosos casos de ocupación de viviendas, la Defensoría reclamó a las autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se cumpla con la normativa vigente (Ley 739), que establece “la creación de un Registro Único de Obras Paralizadas y sin Certificado Final de Obra para aquellas construcciones que por diferentes causas fueran interrumpidas...”; y que se recaude la información necesaria que permita diseñar una propuesta sustentable frente a la problemática planteada.

También, solicitó que se incluyan a los grupos familiares afectados en algún programa habitacional que se ajuste a sus necesidades. (Infociudad)

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11 de noviembre de 2010. Despacho 116
INFORMACIÓN GENERAL
Vecinos de la Ciudad reclaman los subsidios por los daños causados en las inundaciones de febrero

La Defensoría del Pueblo recibió en los últimos meses numerosas consultas y reclamos de vecinos de la Ciudad de Buenos Aires que resultaron damnificados en sus viviendas u otros bienes durante las inundaciones provocadas por las fuertes tormentas ocurridas en febrero de este año.

Los motivos principales de las quejas presentadas se refieren a las grandes demoras en la tramitación y otorgamiento de los subsidios correspondientes. Como así también a la deficiente atención al público por parte de los Centros de Gestión y Participación Comunal (CGPC) y de la Subsecretaría de Emergencias porteña.

Cada uno de los denunciantes acreditaron haber presentado en debido tiempo y forma las solicitudes para la obtención del subsidio, como así lo requiere la normativa vigente.

A raíz del temporal de febrero pasado, se dispuso mediante la Ley 1575 la creación del “Fondo de Emergencia para Subsidios por Inundaciones” con el fin de considerar las necesidades económicas de las personas afectadas. De dicho Fondo se entregarían subsidios a quienes hayan sufrido daños en sus bienes que “consistirá en una suma de dinero que permita paliar los deterioros ocasionados”.

En este marco, la Defensora del Pueblo, Alicia Pierini, recomendó a las autoridades del Gobierno porteño que se determine en forma urgente el monto a abonar a los solicitantes del subsidio, actualizado a la fecha.

Asimismo, instó a que se revise el vencimiento del plazo legal fijado en todos los casos que aún no fueron verificados y se disponga el inmediato reconocimiento de las pérdidas declaradas. (Infociudad)

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08 de noviembre de 2010. Despacho 115
INFORMACIÓN GENERAL
La Defensoría pide que se controle a locales de camas solares

Los institutos y locales que ofrecen el uso de camas solares deben informar a sus clientes acerca de los potenciales riesgos que ocasionan a la salud este tipo de equipos de radiaciones ultravioletas.

Por esa razón, la Defensoría del Pueblo porteña recomendó a la Agencia Gubernamental de Control del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se controle si estos institutos y locales cumplen con la Ley (2012) que establece la obligación de difundir los perjuicios que produce la radiación ultravioleta mediante un folleto informativo que debe ser exhibido en lugares visibles.

La Defensoría también advirtió la importancia de comunicar y hacer cumplir que “está prohibida la utilización de equipos de radiaciones ultravioletas, camas solares o similares a personas menores de 18 años”. (Infociudad)

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03 de noviembre de 2010. Despacho 114
INFORMACIÓN GENERAL
La Defensoría del Pueblo pidió más controles para la venta de pinturas con plomo

La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires realizó una investigación sobre la venta de pinturas que se utilizan para la técnica de vitrofusión, que consiste en un proceso térmico que fija la pintura al vidrio.

Los pigmentos existentes para esta técnica contienen entre sus compuestos metales pesados altamente nocivos para la salud como el plomo y el cadmio.

La Ley 22802 de Lealtad Comercial establece la modalidad que deben ejercer los fabricantes, comerciantes e importadores para la venta de estos productos. Por ello, la Defensoría del Pueblo recomendó a las autoridades de la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires que se efectúen controles periódicos a los locales dedicados al rubro para que se verifique el cumplimiento de la normativa.

Asimismo, solicitó a la Agencia de Protección Ambiental y a la Agencia Gubernamental de Control que se determinen criterios de protección, control y seguimiento de estos comercios.

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01 de noviembre de 2010. Despacho 113
INFORMACIÓN GENERAL
La Defensoría pidió que se mejoren las condiciones de trabajo de empleados del subte

La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires solicitó a Metrovías y a Subterráneos de Buenos Aires que se implemente a corto plazo un plan de mejoras en los talleres de la red subterránea en relación con la seguridad laboral de los trabajadores.

A raíz del reclamo de la Asociación Gremial de Trabajadores de Subterráneos y Premetro, la Defensoría del Pueblo realizó diversas verificaciones técnicas en los ámbitos laborales del subte y elaboró una serie de informes donde se manifiestan las irregularidades detectadas.

Entre otras recomendaciones a las autoridades de las empresas mencionadas, la Defensora Alicia Pierini instó a que se construyan y/o acondicionen comedores, vestuarios y baños para el personal; que se revisen las instalaciones eléctricas y se solucionen las filtraciones de agua; y que se evalúen las condiciones de iluminación y ventilación. (Infociudad)

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28 de octubre de 2010. Despacho 112
La Defensoría del Pueblo adhiere al duelo nacional

La súbita desaparición de una figura política relevante, como el ex presidente Néstor Kirchner, desafía a los argentinos a fortalecer la unidad en torno a la presidenta, y la gobernabilidad sobre la base de la democracia y la Constitución.

La Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adhiere al duelo nacional. (Infociudad)

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22 de octubre de 2010. Despacho 111
INFORMACIÓN GENERAL
La Defensoría del Pueblo pidió que se revoque la medida que exige una poliza de seguro ambiental para los consorcios

La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires recomendó al Director General de Defensa y Protección del Consumidor del Gobierno de la Ciudad que se revoque la decisión por la cual se obliga a los consorcios de la ciudad a contratar un seguro ambiental.

Por una interpretación forzada de la Ley CABA Nº 123 y de la Ley Nacional Nº 25675 (Ley General del Ambiente) se concluye que los administradores de los edificios de propiedad horizontal ubicados en la Ciudad de Buenos Aires deberán asumir la responsabilidad de la contratación de la póliza de seguro ambiental.

En los considerandos de la resolución emitida por la Defensoría del Pueblo se transcribe la consulta efectuada a la Agencia de Protección Ambiental en virtud de la aplicación de la disposición dictada por el Director General de Defensa y Protección del Consumidor, como respuesta se explicita que tal Dirección General no es autoridad de aplicación de la Ley Nº 123 y que el procedimiento de evaluación ambiental en función de la planilla de cálculo previsto en la Disposición 1423 DGDYPC /10 no responde a las directrices de la Ley Nº 123.

Con tales fundamentos y entendiendo que el procedimiento previsto para la contratación del seguro ambiental genera una vulneración de los derechos de los vecinos que viven en edificios de propiedad horizontal en la Ciudad de Buenos Aires, y por consiguiente una carga económica innecesaria, es que la Defensoría del Pueblo recomendó rever y revocar el acto administrativo que obliga a la contratación del seguro ambiental. (Infociudad)

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26 de agosto de 2010. Despacho 110
INFORMACIÓN GENERAL
La Defensoría del Pueblo pidió al Banco Ciudad que elimine el cargo de $15 impuesto a sus clientes

Frente a la decisión de la entidad bancaria de pretender cobrar una suma de $15 por el envío del resumen trimestral a domicilio a todos sus clientes, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reclamó la eliminación del cargo adicional impuesto.

Para el común de las cajas de ahorro la normativa obliga a las entidades bancarias a enviar a sus clientes, cada cuatro meses como mínimo, un resumen de cuenta que, entre otras cosas, deberá contener un detalle de los movimientos efectuados. Para las cuenta-sueldo la norma establece que los bancos están obligados a remitir al domicilio del titular, al menos semestralmente, un resumen de cuenta sin cargo alguno. Aún más, para el caso de los clientes con cuentas sueldo les está vedado aplicar cualquier costo adicional.

En el marco de las relaciones bancarias de consumo, el envío de los resúmenes de cuentas bancarias constituye un elemento de información indispensable para los clientes, y por ende queda inscripto en el deber de información que le incumbe a las entidades bancarias y, paralelamente, en el derecho a recibir información -siempre gratuita- que le asiste a los clientes-usuarios.

Desde esta perspectiva, la decisión del Banco Ciudad de Buenos Aires implica una infracción a la ley porque constituye una medida de arancelamiento de la información, expresamente vedada pues la información debe ser siempre gratuita para el consumidor.

La Defensoría del Pueblo, en su resolución, manifiesta que no se respeta la libertad de elección porque, por un lado, el banco impone unilateralmente a sus clientes la adhesión automática al resumen electrónico, estableciendo que aquellos que no deseen adherirse a ese sistema deben comunicarlo expresamente en la sucursal donde está radicada la cuenta.

En consecuencia, recomendó al Presidente del Banco Ciudad de Buenos Aires, Federico Sturzenegger, que elimine el cargo adicional impuesto a todos los clientes que deseen continuar recibiendo en su domicilio los resúmenes de cuenta bancaria. (Infociudad)

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05 de agosto de 2010. Despacho 109
INFORMACIÓN GENERAL
Acceso a la "Asignación Universal por Hijo" en la Ciudad de Buenos Aires

El Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 1602/09 creó un subsistema no contributivo de Asignación Universal por Hijo para Protección Social destinado a aquellos niños, niñas y adolescentes residentes en el país que no tengan otra asignación familiar y pertenezcan a grupos familiares que se encuentren desocupados o se desempeñen en la economía informal.

Dicho decreto establece una incompatibilidad con otras prestaciones contributivas o no contributivas. Por este motivo, numerosos grupos familiares beneficiarios de los programas alimentarios implementados por el Gobierno local -Ciudadanía Porteña (Ley N° 1878/06) y Ticket Social (Decreto 800/08)- solicitaron la baja de dichas prestaciones con el fin de incorporarse al Programa Nacional. Sin embargo, esta incorporación se vio obstaculizada por la exigencia de la Administración Nacional a los postulantes al beneficio de presentar una certificación negativa de planes sociales suscripta por el Gobierno de la Ciudad y la negativa de la Dirección de Programa Ciudadanía Porteña a certificar dicho formulario.

La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires realizó diversas gestiones con la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y el Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad para agilizar el proceso de admisión de beneficiarios a la Asignación Universal por Hijo.

A partir del mes de julio del corriente año, los obstáculos fueron subsanados y la ANSES se encuentra resolviendo las incorporaciones al beneficio sin exigir el certificado de egreso. Los grupos familiares que presentaron sus reclamos en la Defensoría del Pueblo fueron incorporados al programa Asignación Universal por Hijo. (Infociudad)

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19 de julio de 2010. Despacho 108
INFORMACIÓN GENERAL
La empresa Claro suspendió el cobro indebido por el envío de la factura impresa

La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires presentó una denuncia contra la empresa de telefonía celular, ante la Dirección de Defensa y Protección del Consumidor del GCBA, por aplicar un cargo adicional de $5 por el envío a domicilio de la factura impresa a todos aquellos clientes que no se hayan adherido al sistema de “factura electrónica” (envío de factura por correo electrónico).

En su presentación, la Defensora del Pueblo, Alicia Pierini, señaló que el cargo adicional aplicado viola la Ley de Defensa del Consumidor, donde se establece que la información al consumidor debe ser siempre gratuita, y la factura constituye uno de los elementos de información por excelencia. Además, Pierini subrayó que la medida de la empresa CLARO vulnera los derechos constitucionales de los usuarios, a recibir información veraz y adecuada, a la libertad de elección, a la protección de sus intereses económicos y a recibir un trato digno y equitativo. Al mismo tiempo, se pidió una medida cautelar urgente para que se ordene a la empresa la inmediata suspensión del cargo adicional y, en su caso, se le apliquen las máximas sanciones por infracción a la ley.

En consecuencia, la oficina de Defensa del Consumidor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires convocó a una audiencia de conciliación, instancia donde la empresa decidió suspender el cargo de $ 5, a partir del ciclo de facturación 12 de junio. En la misma audiencia, la Defensoría del Pueblo mantuvo la pretensión de que se elimine el cargo y se reintegre a cada usuario la suma que ya se hubiera percibido, por lo que se acordó un cuarto intermedio hasta el 5 de agosto de 2010, para que la empresa analice la cuestión y resuelva el reclamo en forma definitiva. (Infociudad)

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07 de julio de 2010. Despacho 108
INFORMACIÓN GENERAL
La Defensoría pidió a OSECAC que reincorpore a afiliada recién jubilada

Ante la negativa de la Obra Social de los Empleados de Comercio y Actividades Civiles (OSECAC) de mantener como afiliada a una persona recientemente jubilada, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires recomendó su inmediata reincorporación. A raíz de esta solicitud, la Superintendencia de Servicios de Salud, resolvió “hacer lugar al pedido formulado por la Defensoría del Pueblo”, y con los mismos fundamentos intimó a la Obra Social a tomar las medidas que mantengan la cobertura de salud.

La Defensoría del Pueblo en las consideraciones del reclamo consideró, a partir de la jurisprudencia y de la normativa vigente, que el trabajador que obtiene el beneficio de la jubilación permanezca en la Obra Social de la que gozaba cuando estaba en actividad, salvo que opte por incorporarse al PAMI o a cualquier otra obra social que admita jubilados.

No obstante, en la práctica las obras sociales, mediante una restringida interpretación de la normativa vigente, proceden a desafiliar al trabajador jubilado aún cuando éste haya sido beneficiario de la entidad mientras estaba en actividad.

Como consecuencia, la Defensoría sostiene que la beneficiaria perjudicada tiene derecho a ser mantenida en la Obra Social de los Empleados de Comercio y Actividades Civiles (OSECAC) a la que pertenecía al momento de jubilarse. (Infociudad)

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09 de junio de 2010. Despacho 107
INFORMACIÓN GENERAL
Primera Jornada de Cambio Climático, Ambiente y Desarrollo sostenible

La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires organiza la Primera Jornada Metropolitana sobre Cambio Climático, Ambiente y Desarrollo Sostenible: "La Gestión de Residuos Sólidos Urbanos en la Región Metropolitana”, el próximo viernes 11 de junio, a partir de las 10 hs. en el salón Ortega Peña, Piedras 574, CABA.

En la jornada participarán destacados especialistas en la problemática de cambio climático, protección ambiental, residuos sólidos urbanos, y se desarrollarán experiencias internacionales sobre reciclado de residuos.

El encuentro comenzará a las 10 hs. con la apertura de la Defensora del Pueblo, Dra. Alicia Pierini. El cierre está dispuesto a las 17 hs. con la participación del Defensor adjunto, Arq. Atilio Alimena. (Infociudad)

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07 de junio de 2010. Despacho 106
INFORMACIÓN GENERAL
La Defensoría del Pueblo ofrece una modalidad de solución rápida a los reclamos sobre telefonía celular

La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires puso en marcha un sistema de gestión rápida para resolver los conflictos entre usuarios y prestadores del servicio de telefonía móvil celular.

Cuando un vecino plantea un reclamo se pone en marcha la gestión, remitiendo la inquietud por e-mail a la empresa correspondiente, que dispone de un sector dedicado a atender los planteos provenientes de la Defensoría. Según la complejidad del problema, las empresas cuentan con un plazo de entre 5 y 15 días para emitir un informe sobre el tema y ofrecer –si así lo consideran- una propuesta de conciliación o de solución del conflicto.

Cuando la Defensoría recibe la respuesta, se la traslada al usuario. Si acepta la solución propuesta, se celebra un acuerdo sobre el cual personal de la Defensoría realiza un seguimiento hasta constatar que haya sido cumplido. En caso de que la propuesta no satisfaga al usuario y las posibilidades de conciliar se desvanezcan, la Defensoría remite el caso a la Dirección de Defensa y Protección del Consumidor del Gobierno de la Ciudad para que verifique si la empresa involucrada cometió alguna infracción a la ley y –de ser así- aplique las sanciones correspondientes.

De su efectividad dan cuenta las cifras: desde que el sistema se puso en marcha hasta febrero pasado se resolvió por acuerdo de partes el 65% de los problemas planteados; mientras que el 16% debió remitirse a Defensa y Protección del Consumidor. El porcentaje restante se divide entre las que estaban en trámite y un 1,4% de gestiones que debieron archivarse por falta de documentación o de respuestas por parte de los denunciantes. (Infociudad)

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26 de abril de 2010. Despacho 105
INFORMACIÓN GENERAL
Informe sobre siniestros de tránsito en 2009: las muertes descendieron un 40 % pero se mantiene el número de lesionados

El año 2009 registra una disminución de más del 40% de las victimas fatales en relación al año 2008.

SINIESTROS 2008 -2009

2008 2009
Hechos

10.952

10.569

Lesionados

11.994

11.472

Víctimas fatales

134

77

Total de víctimas

12.128

11.549

De 2005 a 2008 se observó en forma constante un aumento de alrededor de un 14% de personas fallecidas. Sin embargo, el marcado descenso de las víctimas fatales el año pasado, no fue acompañado por una baja significativa en el número de lesionados, ni en el total de hechos producidos, pues descendió, solo entre el 3% y el 5%.

La Ciudad Autónoma se caracteriza por exhibir una elevada cantidad de personas lesionadas, y una pequeña cantidad de personas fallecidas por colisiones y atropellamientos.

Se consideran atenuantes que limitan la tasa de mortalidad las siguientes variables:

  • la alta concentración de tránsito que dificulta la movilidad de vehículos a altas velocidades y
  • la cantidad y dimensión de los servicios de urgencias médicas, así como la proximidad de los centros de atención, que permiten una prevención secundaria rápida y eficaz por parte del sistema de salud.

Las motos son el grupo que tuvo la baja menos contundente en el número de muertos. También se advierte que únicamente en el caso de los conductores y acompañantes de moto se observó un aumento en el número de víctimas lesionadas, que alcanzó el 5%. Mientras el resto de los grupos presentan una tendencia a la baja, los motociclistas experimentan en forma constante desde el año 2008 un aumento en el número de víctimas.

Los automovilistas muertos han descendido en casi un 32%, constituyéndose después de los peatones en el segundo grupo que mostró variaciones significativas en sus tasas.

La baja en el número de lesionados no ha sido relevante, pues sólo se ha computado un 2% menos de siniestros.

El crecimiento continuo de motociclistas lesionados en los últimos años debe advertir a las autoridades sobre la necesidad de implementar medidas de seguridad y políticas de prevención sobre este actor, como destinatario principal de las políticas de prevención en seguridad vial.

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07 de abril de 2010. Despacho 104
INFORMACIÓN GENERAL
La Defensora del Pueblo presentó un proyecto de ley para regular el trabajo de los ciudacoches

La defensora del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires, Alicia Pierini, presentó en la Legislatura un proyecto de ley para regular el trabajo de los ciudacoches en lugares no prohibidos con pago solidario. La iniciativa pretende la inclusión de esta actividad laboral dentro del mundo del trabajo y de la sociedad.

El proyecto de ley incluye como condición a trabajadores que no sean beneficiarios de algún plan social ni que reciban subsidio por desocupación, y define a la tarea como “la cooperación con el automovilista o motoquero para ubicar su vehículo en zona permitida”, con el requisito de su permanencia en las proximidades de l estacionamiento para impedir daños a los vehículos y el compromiso de solicitar auxilio de la fuerza pública en caso de observar riesgo de delito en la zona de su actividad.

También propone la creación de un registro de permisionarios, donde constarán sus datos personales, domicilio acreditado; las zonas y horarios adjudicados. Además de la cantidad de cuidacoches que serán necesarios por cuadra, y/o turnos a cubrir.

Para obtener la credencial se requerirá capacitación previa y obligatoria con enseñanza teórica y práctica sobre el ordenamiento legal vigente en materia de estacionamientos y sobre la adecuada y correcta atención al ciudadano.

La Dra. Pierini, en los fundamentos del proyectó, sostiene que la penalización no puede ser la primer opción ciudadana. Por esta razón, “se intenta encontrar, o construir, un punto intermedio de equilibrio que genere una referencia justa y equitativa ante los reiterados reclamos de los vecinos de la Ciudad”, y a su vez “alcanzar una solución ecuánime a la problemática socio-económica en la que se ven inmersos quienes desempeñan este rol, en muchos casos por estado de necesidad, habida cuenta de la inexistencia de aperturas en el mercado formal del trabajo”. (Infociudad)

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05 de abril de 2010. Despacho 103
DERECHOS HUMANOS
No se aplica la ley que protege a testigos del terrorismo de Estado

LLa Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires sancionó el 27 de noviembre de 2008 la Ley 2939 que regula la asistencia y contención de querellantes y testigos víctimas del terrorismo de Estado en las causas judiciales o investigaciones sobre los delitos de crímenes de lesa humanidad. La ley prevé la asistencia psicológica y la conformación de un equipo de trabajo formado por profesionales, técnicos y administrativos con antecedentes en la materia.

La resolución emitida por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires indica que el Gobierno porteño se encuentra en mora respecto a la reglamentación de la ley que debería haberse realizado antes del día 31 de marzo de 2009. Además, señala que la problemática que se regula no puede ser objeto de más dilataciones, porque desde su aprobación en la Ciudad comenzaron diversos juicios orales de envergadura institucional sobre crímenes de lesa humanidad.

En el año 2009, mientras el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se debatía sobre la competencia del organismo responsable en la reglamentación de la Ley 2939, comenzaron los juicios por los crímenes en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (E.S.M.A.) (con más de diecisiete imputados) y por los crímenes cometidos en los ex Centros Clandestinos de Detención Atlético-Banco-Olimpo (ABO) con quince imputados, entre otras causas. En todos los casos, periódicamente querellantes, testigos y víctimas deben brindar testimonios sobre las atrocidades ocurridas durante el terrorismo de Estado.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no sólo se encuentra en mora en la reglamentación de la ley, sino que se encuentra en mora en su implementación. Para la Defensora del Pueblo, Alicia Pierini, "ninguna de las obligaciones previstas por la ley requieren específicamente de una reglamentación, sino de la organización de los recursos y de la voluntad de ponerla en práctica, porque -subrayó- las leyes se hacen para ser cumplidas". (Infociudad)

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25 de marzo de 2010
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