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Defensoría del Pueblo

4 junio, 2020

Repudio al dictamen del fiscal Fernando Rivarola

El Defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alejandro Amor, expresó su total repudio frente al dictamen emitido por el fiscal de la ciudad de Rawson, en la provincia de Chubut, quien propuso la reducción de la condena en una violación colectiva a una joven de 16 años por considerar el hecho “un desahogo sexual”.

Repudio al dictamen del fiscal Fernando Rivarola

El fiscal Rivarola solicitó reducir el tipo penal de “abuso sexual agravado por la participación de dos o más personas con acceso carnal” a “abuso sexual simple”, acordando con los abogados defensores de los procesados en la violación un juicio abreviado.  De esta manera los mismos tendrían una condena en suspenso, sin afrontar la estadía en prisión.

La Manada de Chubut es el nombre con el que tristemente fueron conocidos los hombres que, en 2012, violaron en grupo a una adolescente de 16 años en la ciudad de Playa Unión, un episodio denunciado años después cuando las movilizaciones de Ni Una Menos concientizaron a la población y a las chicas y mujeres en general sobre necesidad de no naturalizar ni tolerar situaciones de agresiones físicas, psicológicas o sexuales, y elevar las denuncias correspondientes.

La actitud de este fiscal evidencia un fuerte desconocimiento de la legislación vigente, de los derechos humanos de las mujeres y de la gravedad de los hechos ampliamente probados.  

Rivarola naturaliza, casi justifica, una agresión brutal y colectiva reduciéndola a una causal  de naturaleza física tolerable, un “desahogo sexual”, cuando en realidad se trata de la agresión perversa a un cuerpo adolescente realizado entre seis varones, dos de ellos sobreseídos en algún momento del proceso judicial, y cuatro plenamente confirmados en la comisión de los abusos.

Este dictamen debe ser contrariado por la Justicia de la Provincia de Chubut. Una violación en grupo a una adolescente de 16 años no puede ser minimizada ni interpretada como un delito leve. Es imperioso que el Poder judicial, el Ministerio Publico y los distintos poderes del Estado, tanto de la provincia de Chubut como de todo el país, revisen estas posturas fuertemente retrogradas, expresión de la vieja cultura machista y patriarcal repudiada ampliamente por la sociedad argentina.

La Ley Micaela estableció la obligación de  capacitarse en esta temática para el conjunto de los funcionarios públicos. Es preciso reiterar  el concepto de que la violencia hacia las mujeres, las niñas, y la población LGBTTI es un tema de particular gravedad e importancia, debiendo  impartirse justicia con rigurosidad y teniendo en cuenta siempre el bienestar y la voz de las víctimas.  

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