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Defensoría del Pueblo

15 octubre, 2020

Nuevo informe sobre los Centros Socioeducativos de Régimen Cerrado y Semi Cerrado para NNyA en conflicto con la ley penal en el contexto de la pandemia de COVID-19

Fue elaborado por la Unidad de Aplicación del Mecanismo de Prevención contra la Tortura que funciona en la Defensoría.

Nuevo informe sobre los Centros Socioeducativos de Régimen Cerrado y Semi Cerrado para NNyA en conflicto con la ley penal en el contexto de la pandemia de COVID-19

El trabajo da cuenta de la labor realizada entre el 20 de marzo y el 30 de agosto de este año, y permite un acercamiento al estado de funcionamiento de los Centros Socioeducativos de Régimen Cerrado y Semicerrado para NNyA en conflicto con la ley penal, en relación con el innegable respeto del derecho a su salud y respecto de sus derechos en el contexto actual de emergencia sanitaria.

A lo largo del documento se abordan las medidas implementadas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para evitar la proliferación del COVID-19 en los Centros Penales Juveniles; los requerimientos de la Defensoría sobre dichas medidas; la continuidad tanto del derecho de comunicación con familiares y referentes afectivos, como de la pedagógica socioeducativa (tanto la formal como la no formal); los casos de COVID-19 positivo detectados en los dispositivos; cuál fue la población captada por el sistema penal juvenil en tiempos de pandemia y los monitoreos realizados por personal de la unidad en los mencionados centros.

Dentro de las conclusiones del informe se destaca la continuidad, aún en contexto de pandemia, de un alto porcentaje de NNyA no punibles captados/as por el sistema penal y que ingresan al Centro de Admisión y Derivación “Úrsula Llona de Inchausti” (CAD). Al respecto, se expresó que se  considera  que  no  resulta  adecuada  la  privación  de  su  libertad  ni  su  permanencia  en  el  CAD de niñas/niños no punibles y que debiera ser a través del sistema de protección de derechos de NNyA su abordaje. 

En relación a ello, tras el cierre del informe en cuestión se tomó conocimiento que el Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes emitió la Resolución 1102, acto administrativo que viene formalizar el traspaso del equipo de no punibles del CAD, que se encontraba bajo la órbita la Dirección General de Servicios de Atención Permanente, a la Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil.

La citada resolución establece que funcionan dos áreas operativas independientes, integradas ambas a la Subdirección Operativa del CAD; una de ellas a su cargo la intervención con adolescentes punibles, de dieciséis y diecisiete años; mientras que la otra tendrá a su cargo el abordaje y atención de niñas, niños y adolescentes no punibles en razón de la edad, en el marco de la protección integral de derechos reconocidos. Sin embargo, queda en evidencia que de un área de protección se estaría pasando a la esfera de lo penal, cuando –como ya se ha expresado la Defensoría en numerosas ocasiones-, desde  la  mera  identificación  de  la  edad  del  involucrado/a como No punible,  todo  el  circuito  debería  ser  distinto y su abordaje realizarse desde la primera instancia en el marco del Sistema de  Protección de Derechos de NNyA.

Descargar informe

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