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Defensoría del Pueblo

21 marzo, 2016

Nueva jornada de la Defensoría en la Semana del Consumidor y el Usuario

La Defensoría del Pueblo organizó el pasado viernes 18 de marzo la II Jornada de Debate y Reflexión por la Semana del Consumidor y del Usuario, en el auditorio de la Universidad ISALUD (Venezuela 847).

Nueva jornada de la Defensoría en la Semana del Consumidor y el Usuario
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900x400 cierre (3)La Defensoría del Pueblo organizó el pasado viernes 18 de marzo la II Jornada de Debate y Reflexión por la Semana del Consumidor y del Usuario, en el auditorio de la Universidad ISALUD (Venezuela 847).
Participaron de los diferentes paneles funcionarios de la Nación y la Ciudad, especialistas y representantes de asociaciones de defensa del consumidor quienes debatieron sobre el impacto del nuevo código civil y comercial en el derecho del consumidor; la necesaria existencia de una Justicia del consumidor; las herramientas de protección a los usuarios del servicio público de distribución de energía eléctrica; la protección estatal de los consumidores y una exposición y análisis de casos relevantes trabajados por los profesionales de la Defensoría en materia de consumidores y de usuarios del transporte.
La apertura de la jornada estuvo a cargo de Norberto Darcy, Subsecretario de Derechos Políticos y Ciudadanos de la Defensoría del Pueblo, quien destacó la importancia de que se impulsen actividades de promoción acerca de los derechos de los usuarios y consumidores, consagradas por la Constitución del ’94, ya que “su conocimiento por parte de la ciudadanía es fundamental para su defensa y protección”.
Asimismo, afirmó que si bien “existe abundante normativa y legislación sobre la protección de las relaciones de consumo, el gran desafío a futuro es lograr un mayor grado de efectividad en la defensa de este tipo derechos”.
El primer panel contó con la participación de Carlos Tambussi (Secretario del Juzgado CAYT Nº18, Prof. Adjunto de Derechos Humanos y Garantías y de Protección Constitucional de Consumidores y Usuarios de la UBA), quien analizó el impacto del nuevo código civil y comercial en el derecho del consumidor, sus aspectos positivos y negativos. Al respecto afirmó que “el código contribuye a aumentar el plexo normativo. Es necesario recordar que los derechos del consumidor también están contemplados en la Constitución Nacional”.
A su turno, Javier Wajntraub (profesor universitario, especialista en derechos del consumidor y en derecho de los contratos) se refirió a la necesidad de que exista un fuero específico del consumidor, debido a la autonomía de la disciplina y de los principios que la rigen. Además, reconoció que el derecho del consumidor “impacta en una multiplicidad de ámbitos y se complementa con otras normativas”.
El segundo panel, conformado por Mariano Gendra Gigena (Coordinador de la Comisión de usuarios del ENRE), Mónica Colman (asesora de la Defensora Adjunta María América González) y Diego Mielnicki (Director de Servicios Públicos de la Defensoría), estuvo orientado al análisis de las herramientas de protección de los usuarios del sistema de público de energía eléctrica.
Gendra Gigena sostuvo que “la educación y capacitación del usuario es una de las herramientas más eficaces para defender sus derechos”, e hizo particular hincapié en que “la obligación de las distribuidoras de energía eléctrica de indemnizar a los usuarios ante la falta prolongada del servicio es un hito en la defensa de los derechos del consumidor. Crea un antecedente para que este tipo de medidas se trasladen a otros servicios públicos”.
En segundo término, Colman destacó la labor que la Defensoria del Pueblo está realizando para ampliar los requisitos para acceder a la Tarifa Social, ya que “existe un espectro de la sociedad, cuya situación no está contemplada dentro de esas condiciones mínimas”. Por último, se refirió a la necesidad de “un consumo racional y solidario de la energía”.
Por su parte, Mielnicki advirtió que “el significativo aumento de las tarifas sumado a los criterios taxativos de acceso a la Tarifa Social, puede generar que determinados sectores de la ciudadanía entren en situación de pobreza energética y comiencen a utilizar menos energía de lo que es mínimamente necesario”. Como conclusión, reafirmó el carácter de servicio público esencial de la energía eléctrica: “Desde la Defensoría exigimos que el servicio se preste como corresponde”.
En el tercer panel, referido a los desafíos y perspectivas de la protección estatal de los consumidores y las autoridades de aplicación, disertaron el Director Nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje de Consumo, Fernando Blanco Muiño, y la Directora General de Defensa y Protección al Consumidor del Gobierno de la Ciudad, Vilma Bouza.
Blanco Muiño mencionó la continuidad y los alcances de los programas Precios Cuidados y Ahora 12, entre otros, y anunció que desde su Dirección se va a proponer un nuevo modelo de canalización de reclamos a través de la figura del Defensor del Usuario en las empresas de consumo masivo. Al respecto, aclaró que inicialmente se apuntará a la telefonía móvil. Asimismo, manifestó: “Pareciera que el derecho del consumidor es sólo tener abierto un canal de reclamo y generar audiencias de conciliación pero es mucho más que eso, ojalá lleguemos a un punto en que el régimen de los reclamos sean una parte minoritaria de nuestro trabajo”. Para concluir su exposición, aseguró que “lo que nos interesa realmente es simplificarle la vida al consumidor argentino, cuya vida cotidiana en nuestro país es generalmente un padecimiento”.
Por su parte, Bouza indicó que en sus dos meses de gestión efectuó unas 930 inspecciones y que: “Estamos dando prioridad a los pronto despacho, clasificando e intentando poder poner en cero la cantidad de expedientes acumulados en este 2016”. Según la funcionaria, “la idea es darle respuesta lo antes posible a todo aquel que haya presentado una denuncia”.
En el cuarto y último panel del evento participaron el Director de Consumidores y Administrados, Gerardo Gullelmotti, y el Director de Transporte, Federico Conditi, ambos de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, quienes expusieron las tareas llevadas a cabo por el organismo junto a sus respectivos equipos de trabajo.
En cuanto a Consumidores y Administrados, se enumeraron algunos casos prácticos relevantes y se detalló cómo fue la intervención de la Defensoría en esos casos, el desarrollo y la resolución de los mismos. Gullelmotti manifestó que “el fin que perseguimos es la protección y la satisfacción del consumidor, además de evitar el conflicto y aportar soluciones”.
En tanto, los integrantes de Transporte citaron diferentes proyectos de ley, actuaciones y denuncias generadas en el área, acerca de maltrato a pasajeros, paradas de colectivos, demoras en los subtes y diversos inconvenientes con el sistema público de bicicletas.
En relación al tránsito y al transporte público, Conditi dijo que: “En esta gestión trabajamos con la visión de que el transporte público sea un derecho social preconcebido de otros derechos, que ayude a la plena realización de las personas en las ciudades y que permita a la gente moverse de manera accesible y económica”.
El cierre de la Jornada estuvo a cargo del Defensor del Pueblo, Alejandro Amor, y de la Defensora Adjunta, María América González. “La impronta de la Defensoría es salir a la calle a buscar a la persona que tiene el problema y hacerla libre con la debida información”, aseveró González y luego agregó: “Yo creo que en el derecho del consumidor así como en el laboral y previsional, hay una situación de desventaja en la relación de marcada desigualdad, en consecuencia debemos acudir los distintos efectores que trabajamos en la defensa de los derechos humanos hacia esa parte más débil”.
Por último, el Defensor del Pueblo porteño expresó que “la gran debilidad de los consum idores es la desinformación y la ausencia del estado. Por eso, en la definición del rol de la Defensoría llevarle a los consumidores la información para que conozcan sus derechos es una obligación central. Sobre todo en etapas en las que se dan situaciones de abuso por parte de algunos sectores privados, como ocurrió en la epidemia de dengue en la que los incrementos de los productos y la desaparición del mercado de esos productos demuestran la falta de responsabilidad social que tiene también los sectores empresarios”. Amor enfatizó que en esta etapa la acción principal de la Defensoría es transmitir los derechos que tienen los usuarios y las formas de ejercerlos. “Quizás los problemas de los consumidores no sean tapa de los diarios, pero sí son los problemas de la gente de todos los días y ahí es donde está nuestro compromiso, por eso descentralizamos la Defensoría y por eso salimos a la calle”, concluyó el Defensor.

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