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Defensoría del Pueblo

12 julio, 2019

La Defensoría participó de la audiencia pública “Tres líneas de acción para el saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo”

Convocada por la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo, se realizó este viernes en el Centro Metropolitano de Diseño del barrio de Barracas. Por la Defensoría participó Fernando Fimognare, coordinador operativo de Planeamiento, Obras y Espacio Público.

La Defensoría participó de la audiencia pública “Tres líneas de acción para el saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo”

A continuación reproducimos las palabras de Fimognare:

Venimos otra vez a esta Audiencia Pública a hablar de uno de los fenómenos más tremendos y evitables del dolor humano, fenómeno que además ha quedado demostrado por innumerables experiencias a nivel mundial que si no fue evitado en su momento puede ser remediado.

La contaminación ambiental, de suelos, aguas y aire nos enferma y a mediano plazo mata. La Cuenca Matanza Riachuelo vive aún a mas de 10 años del fallo de la Corte Suprema en una situación de catástrofe ambiental. Es la región ambiental y socialmente más degradada de nuestro País y una de las 10 más contaminadas del Planeta junto, por ejemplo, a Chernobyl. y sus principales características son;

  • Posee una superficie aproximada de 233.800 manzanas urbanas (hectáreas o ha);

  • Habitan en ella unos 5 millones de personas, el 95% de las cuales vive en ambiente insalubre y un alto porcentaje es pobre o indigente;

  • Es asiento del Polo Petroquímico Dock Sud, uno de los mayores del país;

  • Alberga mas de 10000 establecimientos  industriales de los cuales alrededor de 1400 han sido declarados agentes contaminantes

  • Depende de 17 jurisdicciones diferentes;

  • Es escenario de la mayor cantidad de delitos ambientales del país.

Podemos decir entonces que el  cauce de agua que hace de límite a de la Ciudad de Buenos Aires y atraviesa además los municipios de Almirante Brown, Avellaneda, Cañuelas, Esteban Echeverría, Ezeiza, General Las Heras, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Marcos Paz, Merlo y San Vicente, hace de columna vertebral de una unidad territorial de 2240 Km2 que debe ser imperiosamente saneado a los efectos de terminar con las agresiones a  este planeta llamado por el papa Francisco “la casa de todos” en su encíclica “Laudato Si”.

Es necesario preguntarse el porqué de la urgencia que planteamos? NO queremos aburrir con cifras y datos que a esta altura todos conocemos, pero tampoco nos podemos hacer los distraídos y dejar de decir que al volcado de efluentes químicos hay que sumarle 368.000 metros cúbicos de aguas servidas por día, de las cuales – según algunos organismos controladores- sólo 5 por ciento recibe tratamiento específico.

Que además se han detectado en algunas muestras rastros de insecticidas cancerígenos y el prohibido DDT; que a Febrero de este años hay más de 100 basurales a cielo abierto y el agua tiene niveles de mercurio, zinc, plomo y cromo de hasta 50 veces más de lo permitido

La contaminación sigue omnipresente. En el segundo semestre del año pasado, en las obras de ampliación de las redes cloacales, pluviales y de agua potable en la Villa 21-24 de Barracas, se detectaron restos de plomo.En esa villa una muestra tomada sobre 962 niños menores de 6 años, el 25 por ciento tiene plomo en la sangre como ya lo alertáramos en su momento desde esta Defensoría del Pueblo

Por todo esto es que decimos que es imperioso el saneamiento, por todo esto es que creemos que de una vez por todas hay que dar cumplimiento al fallo dictado en la llamada Causa Mendoza sin mas dilaciones y con la mayor decisión política posible. Que quede claro cuando decimos decisión política decimos que no puede ser el presupuesto de ACUMAR variable o susceptible de ajuste alguno mientras la contaminación ponga en riesgo la vida de nuestros hermanos.

Ahora bien, quien tiene la misión de llevar adelante esta tarea? Y cuales han sido los resultados hasta la fecha? Venir a esta Audiencia nos obliga a observar  con mirada crítica lo hecho hasta ahora y lo que se propone en el documento de trabajo.

Ya en Noviembre del año pasado decíamos, en la anterior Audiencia Pública, que llegábamos  en estado de alerta dado los  cambios en las estructuras del Poder Ejecutivo  y de  las previsiones presupuestarias para el ejercicio 2019.

Hoy ya  podemos afirmar sin temor a equivocarnos que resultará difícil, sino imposible alcanzar cualquier meta de las que forman parte de las mandas judiciales efectuadas por la Suprema Corte de Justicia mientras la responsabilidad de las mismas recaiga sobre un organismo que ha sido a todas luces desfinanciado al punto tal que su presupuesto apenas si logra satisfacer los gastos corrientes.

Esto no lo afirmamos desde a mera declamación, haciendo un análisis del presupuesto para el ejercicio 2019 se observa un desfinanciamiento muy fuerte  pero, y como si fuera poco esta información es aceptada desde el propio organismo ya que según se ha publicado en diferentes medios periodísticos a fines del año pasado ya existía preocupación en el organismo, en su personal acerca de la magnitud del recorte y lo que esto significaba en términos operativos.

Hoy solo se encuentra asegurada la contraparte del Estado Nacional la financiación de aportada por Agencias Internacionles, Según los datos del presupuesto 2019, el único monto que se incrementa para Riachuelo serán los gastos vinculados a las obras en la cuenca comprometidas con el BIRF, que respecto a este año se incrementarían en un 44%, si tomamos en cuenta la perspectiva inflacionaria habrá que hacer grandes esfuerzos al final del ejercicio para encontrar dicho incremento.

En general el presupuesto de ACUMAR se compone de varios aportes, los del gobierno Nacional, del Gobierno de la Ciudad, de Aportes extraordinarios y de sobrantes de ejercicios anteriores y recaudaciones propias.

Cabe destacar que resulta muy difícil de entender, sino imposible, como es que hay sobrantes de presupuestos, estamos hablando entonces de subejecuciones? Mas allá de esto y de acuerdo a la iformaciòn que es de público conocimiento en el “barrido” total de rubros la diferencia entre el ejercicio 2018 y 2019 es mas de 400 millones de pesos sin contar la depreciación por inflación.

Comparativo Presupuestos 2018/19

Los 200 millones de aporte extraordinario que cuentan para el ejercicio 2018 no los recibieron, así que es el mismo aporte que esperan en 2019 para complementar el presupuesto, y esto argumentan para explicar un menos presupuesto en 2019. Por otra parte, si se tiene en cuenta el total de presupuesto excluyendo esos 200 millones en ambos años hay una disminución de 635 millones  (-42%)El aporte de nación se redujo, y el de CABA aumento en casi 6 millones. Por otro lado, no está claro si hay remanente del sobrante de ejercicios anteriores que mencionan para 2018, pero no lo cuentan en el total de 2019. De todos modos, de existir  esto,  se trataría de una subejecución del presupuesto, que muestran para argumentar que ese año tiene más presupuesto por “sobrantes” de años anteriores.

Si se excluyen esos 200 millones para 2018 (ya que no los recibió aunque los considera en su presupuesto) y se considera que los va recibir y ejecutar en 2019, aún así hay una diferencia considerable, una reducción de casi el 30% (los 435 millones señalados) entre ambos presupuestos; el de 2018 sin el aporte extraordinario y 2019 con el aporte extraordinario.

Asimismo, ACUMAR es optimista en cuanto a que recaudaría más del doble de multas que el año anterior, lo cual implica que se sigue contaminando, de todas formas este aporte es marginal en el volumen  considerado.

En definitiva podemos afirmar sin temor a equivocarnos que nos encontramos ante un círculo vicioso  de subejecución presupuestaria y ajuste, lo que nos no nos permite abrigar ningún tipo de optimismo ya que más allá de la centralidad o no de cada uno de los ejes de debate permanentemente se omite el factor institucional. Todos sabemos desde hace tiempo que es necesario controlar la contaminación, aplicar una Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos correcta y realizar obras de saneamiento, temas acerca de los cuales se ha debatido mucho. Pero el hecho es que estos tres temas siguen atrasados. No es malo en sí mismo volver a debatirlos, pero no tiene sentido hacerlo si no ponemos en el centro el verdadero problema: el fracaso de la gestión. El atraso del saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo no se debe a que no sepamos qué hacer, sino a que no se hizo lo que sabemos que se debería hacer. Eso se llama fracaso de gestión. Y no está incluido en el documento.

Recordemos que el principal mandato de la Corte Suprema (y que justifica la creación de ACUMAR) es la limpieza del Riachuelo. En consecuencia, todas sus acciones deben estar subordinadas a este objetivo principal.

Pero el documento que presenta ACUMAR no tiene lo más elemental que debería tener, que es un cuadro que muestre la evolución de los diferentes parámetros de calidad del agua, en distintos puntos de muestreo, a lo largo de estos años.

Ese cuadro inexistente debería demostrar el cumplimiento progresivo de la principal de las mandas de la Corte Suprema: limpiar el Riachuelo.

ACUMAR sostiene que la contaminación cloacal es peor que la industrial porque pone el acento sólo en la carga de materia orgánica. En este sentido y al hablar de efluentes domiciliarios, analiza que sólo la mitad de la cuenca tiene servicio cloacal, el resto no tiene acceso al tratamiento de sus residuos, los cuales son inevitablemente desechados en sistemas precarios que terminan siendo volcados al Riachuelo. Para poder cumplir con los parámetros establecidos en el Uso IV (a cumplir en 5 años) se establece que se debe llegar a un 94,5% de cobertura cloacal en toda la cuenca. Es decir que, para poder cumplir con las metas establecidas, se debe hacer en 5 años obras de infraestructura capaces de proveer suministro cloacal a la mitad de la cuenca que aún no lo posee. Esta meta está lejos de ser realizable si se compara la evolución de la población incorporada al servicio cloacal de los últimos 3 años.

Por otro lado, la palabra “inorgánica” ni siquiera figura en el documento. Tampoco figura la expresión “metales pesados”. Sólo figura “metales” una sola vez, al hablar del parque de curtidores, lo que equivale implícitamente a decir que los únicos establecimientos que arrojan metales son las curtiembres.

Ni siquiera figuran “plomo”, “benceno”, “mercurio”, “hidrocarburos”, “plaguicidas”, “cianuro”, “detergentes”, y otros contaminantes de origen industrial frecuentes en la cuenca. En otras palabras, que ACUMAR fija una tabla de autorización de vertidos de sustancias tóxicas extraordinariamente permisiva y después se desentiende de las consecuencias sobre el curso de agua.  Deberían indicar si los encontraron en el curso de agua y en qué cantidades. No aparece ninguno, salvo el cromo al hablar del parque de curtidores. ¿Cómo podemos evaluar una gestión si ni siquiera tenemos una medición o una serie para comparar?

En materia de Residuos, que agregar a lo que ya todos conocemos? ACUMAR es la máxima autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo, debería aportar las herramientas necesarias a los municipios para realizar un abordaje correcto. Estudiar la Cuenca, generar mapas, estado de situación, entender la complejidad propia de cada barrio, la Cuenca es una sola, pero las realidades a lo ancho y largo no lo son, es verdad, entonces ACUMAR es quien debería desdibujar los limites jurisdiccionales,  integrarlos,y abordar las heterogeneidades territoriales generando una política coherente y homogénea de tratamiento de reisduos, nad que el fallo de la Corte Suprema no estableciera.

La realidad es que se recupera poco y bastante mal, estamos muy lejos de cualquier estándar internacional en materia de recuperación y reciclado, entonces, y ante la magnitud del problema nos hacemos algunas preguntas.

¿Cómo es posible que el Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos  no funcione ni se sepa de presupuesto asignado al mismo?

¿Cómo es que hay escasa o nula referencia a los recicladores urbanos, que deberían tener un rol fundamental en una política de recuperación y reciclado?

En materia de residuos, su valoración y las estaciones de reciclados se alude a cantidades, lugares de implantación, cantidad de instituciones que participan, etcétera. No hay datos de cuantas toneladas se reciben en el marco de estas acciones. Imposible tener una opinión respecto a la eficacia o no de tal acción. Esto ya no es una pregunta, lamentablemente esto es otra de las afirmaciones que nos hacen pensar en el mal estado en que se encuentra la gestión de ACUMAR.

La contaminación de origen industrial es uno de los grandes problemas que, tampoco este, aún no han sido resueltos, decíamos que hay más de 10000 establecimientos industriales en la Cuenca, y si nos tenemos que sincerar no vemos que las acciones llevadas a cabo hayan sido ni siquiera disuasorias.  La normativa habilita a ACUMAR a realizar inspecciones y a sancionar a establecimientos en infracción.  El informe nos da cuenta de 61.000 inspecciones. No dice a cuántos ni a quiénes sancionaron ni por qué motivos, ni si esas causas se solucionaron ni en qué tiempo. Recordemos que las multas suelen ser generalmente irrelevantes como sanción a las empresas, que suelen trasladarlas al consumidor a través del precio de los productos o servicios que venden. Mucho más en tiempos de alta inflación. Lo que realmente afecta a las empresas y puede impulsarlas a cambiar su conducta es la publicidad de las sanciones, la difusión de que tal o cual empresa produce en condiciones de degradación del ambiente es un mecanismo que en conjunto con la participación y control social y de organismos como las Defensorías del Pueblo han sido altamente eficaces en muchos lugares del mundo. En este caso solo se proponen más inspecciones y más multas, y en términos normativos el documento nos dice: “En el proyecto de reglamentación se plantea que los permisos de descarga son otorgados por las autoridades competentes según las jurisdicciones locales, mientras que ACUMAR controla el vertido de efluentes líquidos mediante dos criterios. Mientras que el criterio 1 se establece mediante una Tabla Consolidada de Control de Límites de Vertido de Efluentes Líquidos, el criterio 2 lo hace considerando los usos y objetivos de calidad de las aguas establecidas para el curso de agua y cuenca/ sub-cuenca”.

Si hay un motivo para que exista ACUMAR es para no tener duplicidad de normas o parámetros en nada, fue creada para evitar precisamente esto. Y por eso es un organismo interjurisdiccional. El ambiente es uno. La Cuenca Matanza Riachuelo es una sola. No puede haber permisos de descarga por jurisdicción. Si vamos a hacer eso uno se pregunta: ¿para qué queremos una ACUMAR?

Tampoco tenemos datos de Planes de Reconversión Industrial si va a haber sacar presupuesto para realizarlos, si se van a subsidiar en parte o no, ni la evaluación de si fueron o no exitosos en reducir los niveles de contaminación de los efluentes industriales, no se realiza ningún análisis de evaluación de las políticas ambientales ya implementadas. Tampoco se hace un análisis de metas claras de reducción de efluentes industriales en empresas catalogadas como agentes contaminantes.

Sin datos comparables siempre estamos en el plano de las buenas intenciones y empezando de cero y en ese empezar de cero llama la atención que no se traiga a la discusión la contaminación del aire. Más aun después del fallo dictado por el juez federal de Morón, doctor Jorge Rodriguez, que establece que respirar aire no contaminado con sustancias introducidas por el hombre es un derecho humano.

Basta con esa definición para que digamos que se trata de una sentencia histórica. Pero el fallo adquiere múltiples significados cuando se lo pone en contexto, porque el juez federal de Morón es uno de los magistrados que ejecutan la sentencia.

Para finalizar queremos abordar el tema de contralor institucional o de diseño institucional del seguimiento de las mandas establecidas en el fallo de la Corte Suprema. Esta es otra de las cosas que no funcionan y creemos a esta altura de los acontecimientos que la tozudez por parte de la Corte de no alterar el modelo institucional adoptado es absolutamente funcional a que el Status Quo permanezca inalterable.

Creemos que no alcanza ya con la rutina de la Audiencia Pùblica anual y/o las resoluciones que de ella emergen instando a ACUMAR a hacer tal o cual cosa, al Congreso de la Nación a elegir Defensor del Pueblo y así sucesivamente hasta el infinito.

Hoy el Cuerpo Colegiado se ve con enormes dificultades para realizar su función producto, entre otras cosas, de la ausencia de la Defensoría del Pueblo de la Nación que lo coordinaba que se encuentra vacante desde el año 2009. Ante esto la Corte en este sentido la Corte con fecha  1º de Noviembre de 2016 la CSJN se pronunció en autos  “Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios (daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza Riachuelo)” (Expte. N° CSJ 1569/2004 (40-M)/CS2 – ORIGINARIO, disponiendo que el Cuerpo Colegiado conformado por diversas ONGs comience a tomar decisiones por mayoría absoluta de sus miembros hasta tanto el Congreso de la Nación designe a un nuevo Defensor del Pueblo (considerando 10°). La Corte también realizó una nueva exhortación dirigida a ambas Cámaras legislativas.

No creemos sinceramente que esta sea la forma de garantizar y mucho menos ampliar la participación de Organizaciones de la Sociedad civil en todo lo referido a la llamada Causa Mendoza. Creemos que hay que ampliar la participación, reformular los mecanismos en las Organizaciones no gubernamentales participan, y dar lugar a las Defensorías del Pueblo Locales a cumplir con roles de articulación y legitimación en el control y seguimiento de las políticas de ACUMAR.

Obviamente que no es necesario, es imperioso que se nombre Defensor del Pueblo de la Nación. Eso está fuera de toda discusión, pero mientras tanto esta alteración del esquema institucional impacta necesariamente en el funcionamiento de la participación ciudadana, al no contar con una institución estatal de carácter autónoma que posea recursos humanos, técnicos y presupuestarios que puedan hacer efectivo el acceso a la justicia y la defensa de los derechos de los habitantes de la Cuenca. Este rol no puede ser suprimido y sólo encontraría un reemplazo natural en las Defensorías del Pueblo locales, en tanto mantienen el carácter independiente con autonomía funcional y autarquía financiera, así como comparten la misión de defensa, protección y promoción de los derechos humanos y demás derechos e intereses individuales, colectivos y difusos tutelados en la Constitución Nacional, las leyes y las constituciones provinciales, frente a los actos, hechos u omisiones de la administración o de prestadores de servicios públicos.

Por eso,  resulta fundamental que además de todo lo que hemos expuesto se pueda contar con un marco institucional adecuado que permita cumplir con los objetivos de lo que fue un fallo de características históricas, pero entre el estado de situación actual y de no generarse ningún tipo de cambios las perspectivas no hacen menos que avergonzarnos.

[1] Estimado por ACUMAR

[2] No recibieron el aporte de 200 millones.

[3] En el texto ACUMAR aplica redondeo a ($ 1.090.000.000.-).

 

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