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Defensoría del Pueblo

29 agosto, 2014

Informe especial: Todo sobre el Encuentro por los 20 años de la Convención Nacional Constituyente

La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires conmemoró los veinte años de la Convención Nacional Constituyente con un encuentro realizado en el NH City & Tower Hotel, los días 25 y 26 de agosto pasado, al que asistieron numerosas y prestigiosas personalidades políticas y académicas.

Informe especial: Todo sobre el Encuentro por los 20 años de la Convención Nacional Constituyente
apertura evento 20 años costituyente[cycloneslider id=”20constitucion94″]La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires conmemoró los veinte años de la Convención Nacional Constituyente con un encuentro realizado en el NH City & Tower Hotel, los días 25 y 26 de agosto pasado, al que asistieron numerosas y prestigiosas personalidades políticas y académicas.
Durante la apertura del encuentro, el Defensor del Pueblo Alejandro Amor señaló que “la Constitución de 1994 terminó con la disputa ideológica abierta en 1955″. Asimismo, subrayó que la Carta Magna de nuestro país “es garantía plena de derechos”, pero recalcó la necesidad de que la “la Ciudad de Buenos Aires tenga el mismo estatus jurídico que el resto de las provincias argentinas”.
Las ex Defensoras del Pueblo Alicia Oliveira y Alicia Pierini y el ex Controlador General Comunal, Antonio Cartañá, fueron homenajeados por su labor en la institución. También se entregó una distinción especial a los convencionales constituyentes Eduardo Menem, César Arias, Eduardo Valdés y Miguel Alegre, Defensor del Pueblo de Corrientes. Lita Boitano y Julio Morresi, miembros de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, recibieron también un reconocimiento especial por su lucha en defensa de los derechos humanos.
Los debates efectuados durante las jornadas giraron en torno a los nuevos derechos y garantías incorporados en la Carta Magna en la reforma de 1994.
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En la primera mesa de debate, “Defensa de los Derechos y Rol del Defensor del Pueblo. Ámbito de Referencia Constitucional y Significado Democrático”, participaron el ex Controlador General Comunal Antonio Cartañá; la ex Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alicia Pierini; el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bonicatto; el presidente del Instituto Latinoamericano del Ombudsman, Carlos Constenla; y el Defensor del Pueblo de Avellaneda, Sebastián Vinagre. La moderadora fue Graciela Benin Chirico y la relatora Camila Carril.
Durante su exposición, Cartañá sostuvo que “la Controladuría General Municipal que encabecé estaba pensada para controlar a los funcionarios públicos. Al sancionarse la Carta Magna local dos años después de la reforma constitucional de 1994 fue que la Defensoría del Pueblo pudo encontrar toda su plenitud”.
Por su parte, Pierini señaló que “durante la presidencia de Raúl Alfonsín ya se hablaba de la necesidad de una reforma constitucional. El ex presidente y Antonio Cafiero fueron los dos primeros artífices del inicio de la discusión”.
Al mismo tiempo, destacó que “la reforma de 1994 fue un ejercicio de mucho diálogo, consenso y trabajo y por eso podemos reivindicarla”.
Para Bonicatto, la inclusión de más derechos en la Carta Magna “fue fruto de las luchas. Y la aparición de la figura del Defensor del Pueblo constituyó una victoria en ese sentido. Cuando el Estado avanza, modifica la vida de la gente, que ve las cosas de manera más global. La Defensoría tiene que tener una mirada superior y amplia y ser un espacio confiable que trabaje de manera permanente por la ampliación de derechos”.
Constenla subrayó que la de 1994 “fue la reforma más vigorosa, importante y trascendente” que tuvo la Constitución, que permitió después “un ensanchamiento de las competencias de las Defensorías del Pueblo, con una visión abarcativa de toda la sociedad.  Nuestras atribuciones las determina la sociedad. La Defensoría del Pueblo está para defender al pueblo y no al texto de la ley”.
Finalmente, Vinagre afirmó que “la Defensoría del Pueblo es una institución relativamente nueva”, y que aunque “cada oficina regional tiene sus propias características y realidades sociales, hemos construido bases que permiten plantearla como una institución defensora de la democracia”.
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En la segunda mesa de debate “Artículo 14 bis: Operatividad de los Derechos Incluidos. La Repartición de Ganancias con los Trabajadores. Protección Constitucional ante las Alternativas que imponen las Crisis. Economía Social”, participaron como panelistas el abogado laboralista y ex Convencional Constituyente, Pedro Kesselman, el contador público y docente de la UBA, Abraham Leonardo Gak, y el Defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alejandro Amor. El moderador fue Alejandro Grossman y el relator Gustavo Murano.
Iniciada la discusión, Kesselman afirmó que en la Constituyente del ’94, desde el Frente Grande, se reivindicó la cuestión de la operatividad de los derechos de los trabajadores, tutelados en el artículo 14 bis, y que se destacó la necesidad incluir de manera expresa en el cuerpo de la Constitución los Convenios Internacionales de Trabajo. Consideró además que desde el año 2007, a razón de un fallo de la Corte Suprema de Justicia, se operativizaron los derechos del trabajador. Por último, afirmó que la Constitución Nacional y todas sus cláusulas deben ser siempre fuente y apoyo del progreso social.
En segundo lugar tomó la palabra Gak, quien sostuvo que el proceso constituyente plasmado en la Reforma excede al llamado Pacto de Olivos, y que a través de ella se logró la incorporación de derechos de suma importancia. Reflexionó acerca de la relevancia de conmemorar los 20 años de la Convención, pero advirtió que es imprescindible reconocer las deudas pendientes. En ese sentido, dijo: “El empleo es un pleno derecho de toda la Sociedad”.
Por su parte, Amor señaló que “las disputas por los derechos del trabajo y los derechos políticos han ido históricamente de la mano y que es necesario analizarlas en su correlación”. Aseguró que: “Los derechos del trabajo no son permanentes, sino que por el contrario se consiguen y se mantienen con lucha”. Reconoció que de lo consagrado en el artículo 14 bis existen aún aspectos no reglamentados, y que como Sociedad “nos horrorizamos del trabajo esclavo, pero no del informal y precario que excluyen a las personas del sistema”. A modo de cierre aseguró que “todos somos dueños de la Reforma del ‘’94”.
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En la tercera mesa de debate, “Presidencialismo Atenuado. El Jefe de Gabinete”, participaron la diputada nacional Margarita Stolbizer y los ex jefes de Gabinete Carlos Corach y Juan Manuel Abal Medina. El moderador fue Héctor Masquelet y el relator Leandro Abel Martínez.
Stolbizer planteó que el Jefe de Gabinete había sido pensado en 1994 como una figura que pudiera responder antes las crisis, permitir la desconcentración de tareas y articular las actividades entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Pero que “actualmente cumple los roles que el presidente le asigna” y que “no se lograron los objetivos propuestos con la reforma constitucional”.
A su turno, Abal Medina manifestó que “la reforma de 1994 fue la más democrática de todas las que tuvimos” y añadió que “el Jefe de Gabinete es un Ministro, pensar otra cosa es no entender la política de nuestro país”. Luego diferenció los sistemas de gobierno y expresó que: “El presidencialismo es un sistema de división de poderes que va contra la idea concentración del parlamentarismo”.
Corach, el último orador de la mesa, aseguró que “es muy difícil de pensar el régimen parlamentario en Argentina, ya que no es nuestra forma de hacer política”. Asimismo, agregó que: “La figura del Jefe de Gabinete, incorporada a la Carta Magna en 1994, fue concebida para agilizar la tarea administrativa del Presidente. Y eso pudimos lograrlo, aunque en tiempos de crisis nos convertimos muchas veces en un fusible”. Finalmente, destacó a los ex presidentes Raúl Alfonsín y Carlos Menem “como los grandes trabajadores de la reforma constitucional de 1994”.
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En la cuarta mesa de debate, “Nuevas Tecnologías. Derechos Humanos y Habeas Data. Art. 43 C.N.”, participaron Daniel Altmark, Marcela Basterra, la Licenciada en Comunicación Beatriz Buseniche y el ex Director Nacional de Protección de Datos Personales, Juan Antonio Travieso. El moderador fue Eduardo Pedutto y el relator Augusto Carzoglio.
Basterra comenzó el debate y aseveró que “quedó demostrado en varias causas la responsabilidad de los buscadores de internet contra la protección de datos personales” y, en virtud de este tema, manifestó: “Hoy se trata de derecho a la información versus derecho a la intimidad”.
En tanto, Buseniche señaló que “el derecho de protección de datos personales es poco preciado como sociedad” y que “es necesario reivindicarlo”. Agregó que: “Se trata de un derecho esencial y fundamental para las sociedades democráticas que el Estado debe proteger”.
Travieso destacó que “hay que elogiar a los convencionales que dictaron la norma sobre protección de datos” y que con el buen funcionamiento de la misma sería “una ley para Argentina año verde”.
Por último, Altmark dijo que “festejamos los 20 años de la reforma y a su vez planteamos la necesidad de que la Constitución Nacional se adapte a las nuevas tecnologías”. Para Altmark, “el gran gestor de los bancos de datos personales es el Estado, en consecuencia es el Estado quien debe resolver su control”. Consideró que: “Los bancos de datos se han transformado en el segmento más importante del patrimonio de las organizaciones modernas” y que al respecto “algo nuevo tiene que decir el derecho sobre la protección del software”. Para concluir, expresó que “es un problema complejo que debe resolverse, en parte, con decisión política”.
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En la quinta mesa de debate, “Control de Convencionalidad, Art. 75, Inc. 22. Realización de Derecho Internacional de los Derechos Humanos”, participaron el Ministro de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, Víctor Bazán, Ricardo Rabinovich Berkman, Diego Dolabjian y Juan Vicente Sola. El moderador fue Horacio Spandonari y la relatora María Lorena González Tocci.
Al abrir el debate, Zaffaroni advirtió sobre la precariedad en el incumplimiento del concepto de los derechos humanos, porque sostuvo que “un derecho objetivo de los derechos humanos es tratar a todos los seres humanos como personas. Pero en la práctico no somos todos iguales. Por ello, tenemos que empujar a un mejoramientos de los estándares”. En el mismo sentido señaló que las ciencias jurídicas no pueden ser una ciencia neutra al resaltar que, respecto de los derechos humanos: “Tenemos que ser cultores abiertamente políticos porque debemos enfrentar a quienes se oponen al avance de la igualdad, al trato por igual”. Para finalizar se inclinó para unir voluntades para un cambio en la Carta Magna: “La Constitución es un instrumento, un traje que hay que ir adaptando y no estaría de más que sin apuro discutir nuestra instituciones. Creo que es prudente que en estas conmemoraciones se abra el espacio de discusión”.
A su turno, Juan Vicente Sola, destacó los aportes que en la ampliación del concepto de los derechos humanos concretó la reforma constitucional de 1994: “La gran incorporación de la reforma del ’94 fue que los tratados de derechos humanos formaran parte de la cultura constitucional argentina, además de la incorporación de “La Convención contra la Tortura que fue la primera gran norma que ha tenido una eficacia extraordinaria en el mundo”. En la misma línea de argumentación, Sola destacó que “al incorporar estas normas de DDHH al derecho interno hace que sean plenamente aplicables por los jueces argentinos.”
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En la sexta mesa de debate, “Derecho al Ambiente Sano, Art. 41 C.N.. Rol del Defensor del Pueblo en la Defensa y Protección del Ambiente”, participaron el ex Defensor del Pueblo Ajunto, Antonio Elio Brailovsky, el abogado Mario Cámpora (h) y el Defensor del Pueblo de Santiago de Estero, Martín Díaz Achával. La moderadora fue Bárbara Rossen y la relatora María Belén Montaña.
Tras agradecer la invitación, Brailovsky expuso que “el ambiente es el patito feo de los derechos humanos, no existe una convención de derechos ambientales”. Enfatizó también que, desde una perspectiva ambiental, “se hizo mucho más en el siglo anterior” y que “durante décadas todas las jurisdicciones eludieron el tema de la salud de la gente en cuanto a la contaminación”.
Por su parte, Cámpora (h) afirmó que “la Constitución nos ordena buscar un ambiente de calidad” y que por ejemplo en la causa Riachuelo “se demuestra la ausencia de los foros públicos que afecta a millones de personas”.
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En la séptima mesa de debate, “Derechos de Consumidores y Usuarios, Art. 42 C.N.. El Sistema de Participación y de Control en los Entes Reguladores”, participaron Leandro Vergara, Laura Pérez Bustamante, Laura Clérico y Javier Wajntraub. El moderador fue Norberto Darcy y la relatora Flavia Goldcher.
Vergara consideró en el marco de su ponencia que “en el art. 42 se consagraron los derechos y garantías para los consumidores, e hizo un mandato para crear procedimientos eficaces para la prevención, superando la función de solamente reparar el daño”, y agregó la necesidad de “construir una doctrina a favor de la prevención”.
Por su parte, Pérez Bustamante reivindicó la incorporación de los Derechos de tercera generación y los derechos de incidencia colectiva, y propuso la necesidad de “avanzar en la participación directa de los usuarios en el control de los entes”.
Clérico consideró que “la constituyente del ’94 hizo un diagnóstico donde señala que no hay igualdad de oportunidades para el gozo y beneficio de los derechos, especialmente en mujeres, niños, discapacitados, ancianos”. Aparte, observó que la reforma del ’94 si bien “tuvo un buen olfato sobre los acceso real al ejercicio de los derechos, no existió la fuerza política necesaria para atacar las estructura que generan esa desigualdad”. Y, sosteniendo el foco en los sectores más excluidos, subrayó que: “Las deudas de la reforma del ’94, debe mirarse desde la perspectiva de los usuarios de las regiones más vulnerables, por ejemplo de los usuarios del sistema publico de salud en el NEA”.
A continuación, Wajntraub sostuvo que: “Muchas veces nos regocijamos con la materialización de derechos en la ley, pero poco respecto del cambio en la vida real”.
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En la octa va mesa de debate, “Traspaso de las Competencias Penales a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Impacto en la Ciudad”, participaron la abogada Mary Beloff, el escribano y ex Controlador General Comunal, Antonio Cartañá, el Convencional Constituyente, ex Jefe de Gobierno y actual Legislador, Aníbal Ibarra, el Fiscal General de la Ciudad, Martín Ocampo, y el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la CABA, Luis Lozano. El moderador fue Juan Pablo Pissano Torres y la relatora Sol Blasco.
El debate comenzó con la exposición de Beloff, quien se refirió a los aciertos de la Justicia porteña, al destacar que “su armado es de avanzada en el país y que los vecinos y los sectores más vulnerables cuentan con un efectivo acceso a ella”. Sin embrago, señaló que existen ciertos déficits que obstaculizan la modernidad de su sistema, entre ellos el problema de las competencias. En ese sentido, sostuvo que: “El desafío es generar las condiciones necesarias para lograr que los enunciados penales logren plasmarse en la realidad concreta”.
A su turno, Cartañá afirmó que, incluso antes de la Reforma del ’94, “la cuestión de la autonomía de la Ciudad estaba en la agenda de la por entonces Controladuría Comunal, desde la cual se señalaba la imposibilidad de generar un sistema de derechos para los porteños sin la existencia del derecho fundamental de autodeterminación”. Sostuvo, por último, que “la Ciudad debía y debe aún ser equiparada al resto de las provincias, y que la capital de la República no puede ser gobernada bajo una institucionalidad insuficiente”.
Ibarra empezó su disertación reconociendo el privilegio personal y político de haber participado de la Convención del ’94. Luego reivindicó la transferencia de las competencias penales y aseguró que “se trata de una disputa de poder que no está zanjada y que el camino hacia la autonomía de la Ciudad depende de la voluntad política de los dirigentes y del acompañamiento de la ciudadanía”.
A continuación, Ocampo postuló la necesidad de abandonar el exitoso pero “insuficiente” proyecto del traspaso de las competencias y de dotar a la Ciudad de un aparato judicial completo. “Entre todos hay que completar el proyecto de la autonomía para que la Ciudad sea una provincia más”, afirmó.
Por último, Lozano apuntó que “las transferencias o el recupero de las competencias penales, ha permitido restablecer poderes políticos y potestades jurisdiccionales de la Ciudad”. Asimismo, señaló que éste no debería ser el único mecanismo de conformación de un gobierno autónomo. Como cierre de su presentación, Lozano indicó que: “La lucha por la autonomía porteña no va en detrimento de la Soberanía Nacional y que es una discusión que tiene menos que ver con una reivindicación romántica que con la búsqueda de una mayor eficiencia en el ejercicio del poder”.

En la mesa “La Reforma Política en la Ciudad: PASO, Voto Electrónico, Boleta Única, Cupo Femenino y Equidad de Género”, participaron la Directora de Niñez, Género y Diversidad de la Defensoría, María Elena Naddeo; la licenciada en Ciencia Política María Aluminé Moreno, el Secretario Electoral del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, Alberto Elgassi, la legisladora porteña María Rosa Muiños y el Vicepresidente de la Legislatura, Cristian Ritondo. El moderador fue Daniel Ingrassia y los relatores Gabriel Beraud y Manuel Zapico.
Naddeo realizó una breve reseña histórica sobre la participación de las mujeres en la vida política argentina. Expresó que, si bien hay un 38 por ciento de participación femenina en las cámaras nacionales, provinciales y municipales, “seguimos teniendo barreras en ámbito de decisión públicos y privados”. Añadió que: “Tuvo que pasar mucho tiempo para que las mujeres seamos incluidas en la política”.
Por su parte, Aluminé Moreno destacó el Plan de Igualdad de Oportunidades y de Trato entre Varones y Mujeres de la Ciudad de Buenos Aires y resaltó que “hay distintas técnicas para lograr políticas de igualdad de género”. Moreno diferenció tres épocas entre el 2000 y la actualidad para ejecutar las políticas correspondientes para lograr la equidad de género. “Hay que desarrollas medidas en el corto, mediano y largo plazo para atacar las causas de la desigualdad”, expresó.
Seguidamente, Elgassi resaltó las nuevas discusiones que rodean la necesidad de que la Ciudad de Buenos Aires cuente con un Código Electoral propio. Elgassi destacó que “la Reforma Electoral mantiene el Federalismo y marca la autonomía de la Ciudad”. “El Voto Joven, el Voto Electrónico y la Boleta Única son los grandes avances en materia de Derechos Electorales”, manifestó Elgassi y agregó finalmente que “debemos reafirmar la confianza en las Instituciones democráticas”.
Muiños recordó la importancia de la última Reforma Constitucional al haber ampliado los derechos de los ciudadanos. “Se incluyó la iniciativa popular y la consulta popular”, destacó la legisladora. Muiños, quién preside la Comisión de Descentralización y Participación Ciudadana de la Legislatura porteña, resaltó la necesidad de “incorporar las herramientas tecnológicas en la política para hacerla más participativa”.
Por último, Ritondo manifestó que “la Reforma del `’94 fue la más importante del siglo”. “A partir de ahí, quedó claro como suceder al Presidente en caso de renuncia y eso fue un alivio ante la crisis de 2001”, interpretó. Finalmente, subrayó la deuda pendiente que tiene la Ciudad de Buenos Aires para obtener su propio Código Electoral.
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En la mesa “Profundizar el Federalismo: Deudas y Logros de la Constitución de 1994. Coparticipación Federal. Recursos Naturales”, participaron el diputado nacional Héctor Recalde; el Defensor del Pueblo de Corrientes y ex Convencional Constituyente, Miguel Alegre; José O. Casás, integrante del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad; Horacio Corti, Defensor General del Ministerio Público de la Defensa de la CABA; y el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez. La moderadora fue Silvina Bacchiega y la relatora Dolores Gandulfo.
Casás fue enfático en la necesidad de descentralizar económicamente la estructura federal: “La insuficiencia crónica de las finanzas provinciales se remonta a 2 siglos, y sin tesoros provinciales no hay autonomía, por esta razón hay que descentralizar la caja para que los argentinos vivamos realmente el federalismo”. Casás, en referencia a la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, expresó que es preciso distribuir la renta y recordó que, por ejemplo, “la Ciudad de Buenos Aires recibe menos coparticipación que la mayoría de las provincias, lo que demuestra que la evidente concentración de las rentas tributarias afectan las autonomías y el federalismo”. Para finalizar, opinó que “cuando reclamamos la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires estamos enarbolando las banderas de los caudillos federales”.
Al contrario de las observaciones generales, Gil Domínguez consideró negativos los efectos de la reforma constitucional: “Después de 20 años, en ciertos temas en lugar de haber atenuado el presidencialismo, los efectos fueron totalmente contrarios”.
Por su parte y acerca de las autonomías provinciales, Corti señaló que “la equidad se refiere a la no afectación de los derechos individuales, y tiene que ser compatible con la defensa de los derechos humanos, así como los principios de equidad y solidaridad deben regir las asignaciones presupuestarias”. Por este motivo, Corti expresó que: “La ley de presupuesto no puede ser solo discrecional, sino regida por principios de regulación igualitaria”.
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En la mesa “Deudas y Logros de la Constitución de 1994. ¿Liderazgo constitucional del Órgano Presidencial a Debate?”, participaron el ex miembro de la Corte Suprema y ex Ministro de Justicia de la Nación, Rodolfo Barra, y el ex diputado nacional Ricardo Gil Lavedra. EL moderador fue Eduardo Fachal y el relator Matías Belcastro.
En su disertación, Barra explicó los roles de la figura del Jefe de Gabinete desde su creación y expresó que: “Encarna la función administrativa”. Además, distinguió que el Jefe de Gabinete “es el único Ministro que puede ser removido por el Congreso sin causa”.
Por su lado, Gil Lavedra se refirió al presidencialismo en la Argentina y enfatizó que: “Aunque el motor de la remienda de la Constitución fue la reelección presidencial, la intención del constituyente era introducir cambios en el sistema político para atenuar el presidencialismo”.
Estela de Carlotto Alejandro Amor Defensoría CABA
Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, fue la invitada especial para el cierre del encuentro, realizado junto a Amor y los Defensores del Pueblo adjuntos María América González, José Palmiotti, Lidia Saya, Claudio Presman y Oscar Zago.
Carlotto felicitó a la Defensoría por conmemorar la reforma de una herramienta tan importante para todos los argentinos: “Tenemos la democracia más larga de nuestra historia. De ahí en adelante nos tiene que preocupar que sea eterna y que cada uno colabore para ello desde su lugar de lucha”. Carlotto también evocó la tarea de Abuelas, junto a otras organizaciones sociales, para que se incorporase a la Carta Magna la Convención Internacional por los Derechos de los Niños: “A nosotras nos ofrecieron ser constituyentes y dijimos que no, porque cada uno tiene que hacer lo que sabe hacer y una abuela es una abuela”.






Comité organizador del encuentro: Raúl Gustavo Ferreyra, Nora Cattáneo, Nerina Da Rin, Lina Da Silva , Florencia Kravetz e Ivana Rodríguez
Fotos: José Luis Schanzenbach, Valeria Niccolini y Pablo Sosa
Producción general del informe especial: Dirección de Prensa y Comunicación

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