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Defensoría del Pueblo

26 septiembre, 2018

Día Mundial de Prevención del Embarazo Adolescente No Planificado

El reconocimiento de los y las adolescentes como titulares de derechos y el respeto de sus derechos sexuales y reproductivos son elementos claves para la prevención. En este día la Defensoría del Pueblo también quiere dejar un mensaje para los/as adultos/as.

Día Mundial de Prevención del Embarazo Adolescente No Planificado

El embarazo adolescente no planificado es una realidad instalada en nuestro país. Así lo confirman las estadísticas oficiales y estudios realizados por distintos organismos (Ministerio de Salud, UNICEF, INDEC, UNICEF, etcétera).

Se lo menciona de muchas formas: “no previsto”, “no esperado”, “no deseado”, “no intencional”. En todos los casos se refiere a relaciones sexuales en las que no existió una planificación previa para que se produjera como resultado un embarazo, sino que éste ocurrió por la falta de uso, mal uso o fallo de algún método anticonceptivo o por la falta de administración de la anticoncepción hormonal de emergencia en las horas posteriores al encuentro sexual. 

¿Cuáles son sus causas?

Está relacionado con múltiples factores sociales, económicos y culturales, y puede estar asociado a una o varias situaciones a la vez: falta de información y de educación sexual integral (ESI) a edades tempranas; iniciación sexual precoz y/o coerción para la primera relación sexual; falta u obstáculos en el acceso a los servicios de salud; falta de acceso a métodos anticonceptivos, anticonceptivos de emergencia e interrupción legal del embarazo (ILE); abandono escolar (previo o posterior al embarazo); violencia de género, abuso sexual o violación.

En la mayoría de los casos, estos embarazos fueron producto de uniones tempranas o relaciones definidas como noviazgos por las/los adolescentes, quienes también afirman que no fueron buscados, sino que fueron consecuencia de relaciones sexuales sin protección[1].

Un estudio sostiene que un tercio de las/los adolescentes no utilizó ningún método anticonceptivo en su primera relación sexual, y de ese total casi la mitad no lo hizo por falta de información o por información errónea[2]. Una encuesta revela que el 4% de las adolescentes afirmó haber sufrido algún tipo de coerción para su primera relación sexual[3], y otra realizada en la Pcia. de Buenos Aires muestra que el 24% de las jóvenes entre 15 y 29 que no usan métodos anticonceptivos lo hacen porque su pareja no quiere. Estos datos ponen en evidencia que las/los adolescentes tienen alguna dificultad para decidir y tomar medidas para prevenir un embarazo y cuidar su salud.

Preocupa el aumento de embarazos en adolescentes precoces (menores de 15). En nuestro país, cada 3 horas una adolescente entre 10 y 14 años se convierte en madre[4]. Este dato alerta especialmente porque a menor edad de la niña o adolescente aumenta la probabilidad de que ese embarazo haya sido producto de una violación o de explotación sexual[5]. También aumenta la diferencia de edad con el varón que participó y disminuye la probabilidad de uso de métodos anticonceptivos, dada la falta de poder de decisión y de control de la situación por parte de la niña o adolescente[6]. A esto se suma, el riesgo potencial de complicaciones físicas en el embarazo y parto, el mayor riesgo de partos prematuros y de bebés con bajo peso con más probabilidades de contraer enfermedades que puedan producirle la muerte en el período perinatal[7].

¿Cómo afecta un embarazo no planificado en la vida de las/ los adolescentes?

Los embarazos no previstos en adolescentes se producen en todas las clases sociales, pero la maternidad adolescente se registra con mayor frecuencia entre las chicas con menos recursos económicos, sociales y culturales.  

El embarazo, la maternidad o paternidad adolescente producen un impacto en la vida, pero es la adolescente quien registrará el mayor efecto, tanto por lo que sucede en su cuerpo y en su salud integral como porque tendrá la mayor carga en el cuidado inmediato del/ de la recién nacido/a.

Este evento afectará su trayectoria educativa: el abandono escolar está vinculado a la maternidad adolescente, ya sea que el embarazo se haya producido en forma previa o posterior al momento de dejar los estudios. Para 2015, sólo el 16% de las madres menores de 20 años tenían el secundario o polimodal completo.  Esta realidad influirá en la posibilidad de su futura inserción en el mercado laboral y el desarrollo de un proyecto de vida.  Un 67% de las personas jóvenes que no estudia, no trabaja ni busca trabajo son niñas y adolescentes que cuidan niños/as en sus hogares[8].

En la Defensoría del Pueblo entendemos que la forma de aportar a la prevención del embarazo adolescente no planificado es a partir del reconocimiento de las y los adolescentes como sujetos de derechos y del respeto de sus derechos sexuales y reproductivos.

¿Qué derechos tienen las/los adolescentes?

El Código Civil reconoce a niños/as y adolescentes como titulares de sus derechos y una capacidad progresiva para ejercerlos con autonomía, de acuerdo a su madurez y posibilidad de comprensión, por ejemplo, para tomar decisiones relativas al cuidado de su cuerpo y de su salud. 

Con esta premisa, es preciso que conozcamos los derechos que tienen las y los adolescentes y contribuyamos a su cumplimiento.

Los y las adolescentes tienen derecho a:

-gozar de una vida sexual plena, saludable, placentera, sin riesgos para su salud, sin embarazos no previstos, sin violencia, coerción o abusos;

-elegir, sin presiones, si quieren iniciar su vida sexual, decidiendo cuándo, cómo y con quién, o si por el contrario prefiere esperar para tener su primera vez;

-solicitar y que se les brinde toda la información necesaria para tomar sus propias decisiones sobre su vida sexual y reproductiva, eligiendo si prefieren prevenir un embarazo por el momento o si quieren tener hijos/as;

-utilizar métodos anticonceptivos y para prevenir infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA;

-concurrir a un servicio de salud para solicitar información sobre métodos anticonceptivos, y que los/as trabajadores/as de la salud les provean información clara, precisa y actualizada para acompañarlos/as en la toma de sus propias decisiones, sin rechazos ni obstáculos como solicitarles la autorización o acompañamiento de sus padres o madres;

-recibir el método anticonceptivo, elegido con el asesoramiento del profesional, en forma gratuita;

-recibir anticoncepción hormonal de emergencia en caso de haber tenido una relación sexual sin protección o haber sido víctima de violación;

-a que se le realice una interrupción legal del embarazo (ILE) en caso de cursar un embarazo producto de una violación, sin demoras, ni obstáculos y cuidando la confidencialidad;

-a pedir y recibir ayuda especializada si están en un noviazgo violento o si son víctimas de algún tipo de violencia;

-a recibir atención médica en una situación post aborto (no importa si fue espontáneo o provocado), en forma inmediata y confidencial;

-a recibir Educación Sexual Integral (ESI) en las escuelas, en todos los niveles, ya que es una oportunidad para promover aprendizajes en materia de prevención, de promoción de la salud y de ejercicio de derechos, así como de reflexión crítica sobre la igualdad de género, el derecho a la diversidad y a una vida libre de violencias;

-a que la escuela facilite la continuidad de sus estudios si están cursando un embarazo o si ya son madre o padre;

-a recibir atención médica de calidad si están embarazadas, sin ser discriminadas por su edad, garantizando el buen trato, que estén acompañadas en el momento del parto, y que reciban asesoramiento sobre el método anticonceptivo más adecuado en ocasión post parto.

Las acciones del sector salud y del ámbito de la educación destinadas a adolescentes deben estar orientadas hacia la promoción de un acercamiento positivo y respetuoso a la sexualidad y a la posibilidad de vivir experiencias sexuales placenteras, seguras, saludables, que prevengan embarazos no planificados, sin coacción, sin violencia ni discriminación, en acuerdo a la singularidad e identidad de cada uno/a.

El compromiso de los/as adultos/as, especialmente de los/as trabajadores/as de la salud y de la educación debe estar presente en el acompañamiento de los/las adolescentes para la toma de decisiones críticas e informadas en relación al cuidado del propio cuerpo, a sus relaciones interpersonales, al ejercicio de su sexualidad y de sus derechos.

El Estado, a través de sus dependencias y sus trabajadores/as, debe ser el garante de todas y cada una de estas acciones concretas y respetuosas de los derechos de las y los adolescentes.


[1] Embarazo y maternidad en adolescentes menores de 15 años. Hallazgos y desafíos para las políticas públicas. UNICEF Argentina (2017)

[2] “Investigación exploratoria sobre las características de crecimiento, desarrollo y cuidados de la salud sexual y reproductiva en la población adolescente”. Sociedad Argentina de Ginecología Infanto Juvenil

[3] Encuesta Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. Ministerio de Salud de la Nación (2013)

[4] DEIS (Dirección de Estadísticas e Información en Salud). Ministerio de Salud de la Nación (2015)

[5] Situación de los y la adolescentes en la Argentina. Programa Nacional de la Salud Integral en la Adolescencia, UNICEF (2016)

[6] El embarazo no intencional en la adolescencia. Contenidos para ESI, nivel secundario. Ministerios de Educación, de Salud y de Desarrollo Social de la Nación (2018)

[7] UNICEF (2017) op. cit

[8] INDEC. (2015)

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