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Defensoría del Pueblo

19 enero, 2015

Audiencia Pública por la Boleta Única Electrónica en el Tribunal Superior de Justicia de la CABA

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ - CABA) realizó el miércoles 14 de enero una Audiencia Pública para definir la constitucionalidad de diversos artículos del Anexo II de la Ley N° 4894 y de su decreto reglamentario 441-GCBA-2014, vinculados con la facultad otorgada al Poder Ejecutivo de incorporar tecnologías electrónicas en el proceso electoral.

Audiencia Pública por la Boleta Única Electrónica en el Tribunal Superior de Justicia de la CABA

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El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires realizó el miércoles 14 de enero, en su sede de la calle Cerrito 760, una Audiencia Pública para definir la constitucionalidad de diversos artículos del Anexo II de la Ley N° 4894 y de su decreto reglamentario 441-GCBA-2014, vinculados con la facultad otorgada al Poder Ejecutivo de incorporar tecnologías electrónicas en el proceso electoral.

La audiencia tuvo lugar en el marco del expediente caratulado “Unión Cívica Radical c/GCBA s/Electoral-otros”, en el cual la UCR de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (distrito Capital Federal) solicita al Tribunal que declare la inconstitucionalidad de los artículos 23, 24 y 25 del Anexo II de la Ley N° 4894 y de los artículos 3, 4, 6, 14, 23 y 24 del Decreto N° 441-GCBA-2014; y subsidiariamente de los incisos h y j del artículo 3 del citado decreto.

El Tribunal convocó para esta audiencia a las partes intervinientes, al Ministerio Público Fiscal y a los partidos políticos con personería jurídico-política definitiva para que expongan sus argumentos y formulen sus conclusiones.

Luego de las exposiciones formuladas en el día de hoy, el Tribunal tiene un plazo máximo de 15 días para resolver si finalmente el (mal) llamado sistema de voto electrónico (en realidad, se trata de una Boleta Única Electrónica –BUE–) se implementará en los comicios locales a realizarse en abril y julio próximo.

Al iniciarse la audiencia, y luego de un cuarto intermedio inicial, el Tribunal -con sus cinco jueces presentes durante toda la audiencia- escuchó la postura de la UCR porteña, a través de su Apoderado, Dr. Luis Mariano Genovesi, quien sostuvo principalmente que el artículo 23 del Anexo II de la Ley N° 4894, en tanto faculta al Poder Ejecutivo a incorporar tecnologías electrónicas en el procedimiento electoral “constituye una delegación constitucionalmente prohibida de la Legislatura al Poder Ejecutivo de las competencias en materia electoral y derechos políticos”.

Acto seguido, el Gobierno de la Ciudad, a través de su Procurador General, Dr. Julio Conte Grand, rechazó los planteos de esa demanda por considerar que “no son mecanismos de delegación sino más bien, mecanismos de reglamentación” los que se exponen en el decreto cuestionado. Por su parte, valiéndose de una cuestión semántica, sostuvo que la ley votada por la Legislatura en diciembre del 2013 (Ley N° 4894), no trata de implementar un sistema de voto electrónico, sino más bien en su texto se hace mención a la incorporación de una “boleta única con tecnologías electrónicas”.

Por su parte, el Fiscal General de la Ciudad, Dr. Martín Ocampo, coincidió con el rechazo a la demanda de la UCR, al sostener que en la misma “no se demuestra la afectación concreta de derechos o el interés directo conculcado por las normas atacadas”.

Por último, fue el turno de los partidos políticos con personería jurídico-política definitiva, los cuales fueron acreditados previamente para exponer su posición en la audiencia pública. Se presentaron un total de 32 fuerzas políticas, aunque no todas ellas hicieron uso de la palabra.

Si bien las opiniones fueron muy disímiles, la mayoría de las intervenciones giraron acerca si hubo delegación legislativa a favor del Ejecutivo en materia electoral o no, y también muchos ex legisladores (hoy Presidentes de sus Partidos) le dejaron en claro al Tribunal que lo que se había votado la Legislatura, el pasado 9 de diciembre, era la Boleta Única tradicional al estilo cordobés o santafesino; nunca se había pensado en la implementación de una boleta única electrónica similar a la de la provincia de Salta. Incluso, muchos le solicitaron al Tribunal que consulten las versiones taquigráficas de aquella sesión, donde el miembro informante de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Dr. Helio Rebot (miembro del PRO), deja en claro esta misma posición acerca de la boleta única tradicional.

Por último, todos los partidos alineados al kirchnerismo (PJ, de la Victoria, Nueva Dirigencia y otros más –con la excepción de Aníbal Ibarra y su Frente Progresista y Popular–) dieron su apoyo tácito a la implementación de la BUE, ya que es una norma vigente, y aunque estuvieron en contra en aquella sesión al momento de votarse la norma, no están de acuerdo con la judicialización de la política. “Siempre hay que aceptar los resultados, aún cuando nos toca perder en el recinto”, sostuvo Gabriela Alegre, una de las expositoras y referentes de este espacio.

Sin embargo, mostraron su preocupación por lo cercanía que hay hasta el 26 de abril, día de las PASO en la Ciudad, y recalcaron el muy poco tiempo disponible para la contratación, pruebas del sistema, capacitación a autoridades, actores políticos, y ciudadanos, pone en riesgo la confianza y legitimidad de los comicios. Por esto, Víctor Santa María, Presidente del PJ de la Ciudad, afirmó que “este eventual riesgo no lo iban a asumir los partidos políticos, sino que era responsabilidad únicamente del Gobierno porteño”

Las principales posiciones en contra del voto electrónico fueron representadas por los representantes de los partidos de izquierda (y todo su amplio abanico de opciones). Uno de ellos, fue el Dr. Luis Zamora, de Autodeterminación y Libertad, quien sostuvo que “la participación de la Legislatura es obligatoria para la aplicación de los medios electrónicos de votación”.

Por su parte, el actual legislador Alejandro Bodart fue otra de las voces en contra y uno de los que apuntó a “un nuevo pacto entre macristas y kirchneristas, desvirtuando así la ley de boleta única que aprobó la Legislatura. Si no que se vote con la boleta única, porque este sistema es peor que la lista sábana”, denunció con su habitual vehemencia.

Por último, el Frente Renovador en la Ciudad, representado por el ex legislador Diego Kravetz, sintetizó que, de haber pasado por el parlamento porteño, “el voto electrónico no tendría los 40 votos necesarios para ser implementado”.

Cercana las 16.00 hs, la Secretaria Electoral, Dra. Alejandra Tadei, leyó a viva voz el acta de cierre, e invitó a los representantes de los partidos políticos presentes (muchos ya se habían retirado) para la firma de la misma.

El Presidente del Tribunal, Dr. José Casas, agradeció la presencia de todas las partes intervinientes y sostuvo que a la brevedad se iba a reproducir todo el contenido de la audiencia en el sitio web del Organismo a su cargo.

También estuvieron presentes, además de la Dirección de Derechos Políticos y Observatorio Electoral (DDPyOE) de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representantes de otras ONG´s dedicadas a la temática electoral como Poder Ciudadano y Transparencia Electoral.

Respecto de la incorporación de nuevas tecnologías en el proceso electoral, con fecha 22 de diciembre de 2014, la Dirección de Derechos Políticos y Observatorio Electoral advirtió sobre el escaso tiempo disponible para la necesaria capacitación dirigida a los ciudadanos, y a las autoridades de mesa y fiscales partidarios.

La utilización de un nuevo sistema para la emisión del voto, que reemplaza las tradicionales boletas partidarias en papel y el uso del cuarto oscuro, requiere cierta familiaridad en la interacción con la pantalla táctil y además modifica la visualización de la oferta electoral.

Por todo lo expuesto, merece especial atención y cuidado la incorporación de nuevas tecnologías, especialmente cuando está involucrado el ejercicio de los derechos políticos y electorales, pues es crucial para la vida democrática de la Ciudad garantizar la transparencia y la confianza que brinden legitimidad al proceso electoral.

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