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Defensoría del Pueblo

17 noviembre, 2017

Alejandro Amor expuso en la audiencia pública para discutir un nuevo aumento en las tarifas de electricidad

El Defensor del Pueblo porteño y presidente de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina habló hoy en la audiencia convocada por el ENRE para analizar la nueva tarifa del servicio público de luz.

Alejandro Amor expuso en la audiencia pública para discutir un nuevo aumento en las tarifas de electricidad

A continuación, reproducimos los dichos más importantes del Defensor, pronunciados durante la audiencia pública que se realizó hoy en el Palacio de las Aguas Corrientes del barrio de Balvanera:

Desde las Defensorías, nuestra obligación es resguardar los derechos de las personas y no de los clientes, como los ven las empresas. Recordemos que para nosotros los servicios públicos esenciales son un derecho humano.

Nos preocupa la situación de los electrodependientes y la tramitación de sus beneficios tarifarios. Exigimos al Ministerio de Salud que en caso de duda siempre otorgue el beneficio, porque lo que está en juego es la vida de las personas.

Sobre la tarifa, social consideramos que los kilovatios otorgados en el pack gratuito son insuficientes. Hay una situación regresiva que hay que cambiar, porque las personas con menor capacidad económica son las que tienen los electrodomésticos más viejos que son los que más gastan. Por lo tanto pedimos que se aumenten la cantidad de kilovatios otorgados para la tarifa social.

Respecto de las viviendas, las más precarias son las más expuestas tanto al frío como al calor. Se requiere una mayor intervención del Estado, como sucede en otras latitudes, para que estas viviendas disminuyan su consumo energético.

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Hoy los adultos mayores que pueden acceder a la tarifa social son los que tienen jubilaciones equivalentes a dos salarios mínimos. Entendemos que es necesario revisar este criterio y ampliarlo.

Las empresas tienen obligaciones que deben ser respetadas. Tiene haber regularidad en la prestación del servicio, se deben minimizar los cortes, hay que brindar más seguridad y prevención ante posibles accidentes. Sobre todo con las empresas tercerizadas. 

Le pedimos a las empresas que cumplan con la resolución el ENRE de realizar las inversiones y que el ente regulador controle que esto suceda. Desde las Defensorías nosotros vamos a hacer lo propio, controlando que se respeten los compromisos de inversión. 

Denunciamos nuevamente el incumpliendo por parte de las empresas de energía eléctrica en el pago de las sanciones que le fueron impuestas. Esto debería ser sancionado duramente por parte del Estado, porque las sanciones tienen que ver con el perjuicio que sufrió un usuario frente a un corte de luz.

Queremos que se respeten los principios del fallo de la Corte Suprema en el tema tarifas: previsibilidad, gradualidad, razonabilidad y no confiscatoriedad.

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La pobreza energética se define por el porcentaje del ingreso familiar que es asignado al pago de servicios públicos. Si desde la Nación se puso como meta arribar a la pobreza cero en Argentina primero debe eliminarse la pobreza energética.

Es importante que las pymes, que son las que generan el 70% del empleo en la Argentina, tengan políticas claras que permitan su continuidad. Sobre todo en un contexto en el que gastan más en servicios públicos que en el alquiler del local, más aún para el caso de las que son electrodependientes.

Por último, reiteramos: los precios de las tarifas deben actualizarse antes de que se discutan las paritarias de los trabajadores, porque ése es el único lugar donde los trabajadores pueden pelear para cuidar sus ingresos y su calidad de vida.

En la segunda parte de la audiencia, el subsecretario de Derechos Ciudadanos de Consumidores y Usuarios de la Defensoría, Norberto Darcy, realizó una serie de observaciones entre las que se destacaron:

1) Los aumentos semestrales deben guardar directa relación con los resultados de los aumentos salariales discutidos en las paritarias.


2) Es hora de exigir de las empresas distribuidoras una mayor responsabilidad social empresaria. Su obligación es la de brindar un servicio de calidad, con regularidad, continuidad, igualdad y seguridad. Así como los usuarios soportan mayores cargas tarifarias, es esperable y exigible que las empresa prestadoras funcionen eficientemente. No se puede dar la paradoja de aceptar tarifas que aumentan semestralmente y mantener la pésima calidad del servicio.

3) En materia de cortes, ahora que se viene el verano, deben tener planes de contingencia para reducir y minimizar los cortes, y deben arbitrar todas las medidas para informar a los usuarios la duración de los cortes. Es increíble que a esta altura no puedan brindar información precisa de los cortes, que ayudaría a las familias afectadas por los cortes a, por lo menos, poder planificar la vida cotidiana.

4) El ENRE tiene una función central en esta nueva etapa. Debe asumir un rol más activo y comprometido con la defensa del usuario y acentuar el control sobre las empresas. Exigirle, por ejemplo, que cumplan con los resarcimientos económicos que ordena. En la presentación del ENRE se señalaba que se aplicaron, contra la empresa Edesur, alrededor de 130 millones de pesos en sanciones que fueron dirigidas a los usuarios. Lamento decirles a las autoridades del ENRE que, tal como se lo dijimos en numerosas recomendaciones, EDESUR no paga desde hace años los resarcimientos, ni aun los que quedan firmes.

5) Pedimos expresamente que el ENRE impulse de inmediato una reforma integral al Reglamento del Usuario bajo el formato del reglamento para la elaboración participativa de normas –previsto en el Decreto 1172/03-, que permita la participación de todos los usuarios interesados, de las asociaciones de usuarios y consumidores y de las Defensorías del Pueblo, poniendo el eje central en fortalecer la protección de los usuarios, en particular mediante mecanismos eficaces que permitan obtener resarcimientos efectivos a todos los que resulten afectados. 

6) En materia de Tarifa Social, si bien hubo considerables avances, creemos que hay que revisarla para flexibilizar y ampliar las condiciones de ingreso. El pack gratuito de 150 kilovatios mensuales resulta exiguo e insuficiente. Y además para proteger a nuestros abuelos jubilados habría que hay que ampliar el tope máximo fijado de dos haberes mínimos, para permitir ampliar los beneficios de la tarifa social a más jubilados que la necesiten.

7) Hoy se propuso una modificación en el plan de ahorro y estimulo. Ahora la bonificación del 10 % alcanza solo a aquellos que alcancen un ahorro del 30% del consumo respecto de 2015. No estamos de acuerdo. Hay que mantener el esquema actual o incluso fomentarlo más. Si se quiere generar conciencia social sobre el ahorro energético, hay que estimular el ahorro con medidas posibles para que la gente las cumpla sin resignar calidad de vida.

Por último, hace pocos días el Presidente de la Nación realizó una amplia convocatoria a todos los sectores, para la búsqueda de consensos básicos y un tramo de su discurso convocó al esfuerzo compartido y dijo, palabras más palabras menos, que es necesario “Avanzar en reformas donde cada uno ceda un poco, empezando por los que tienen poder”. Pues bien, los usuarios ya resignaron y cedieron bastante. Es hora de que empiecen a ceder las empresas.

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