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08 de noviembre de 2007 Escuelas privadas La Defensoría del Pueblo solicitó al ministro de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se publique en el sitio de Internet oficial la nómina completa de instituciones educativas de gestión privada que reciben aportes del Estado, con sus respectivos montos y porcentajes por nivel de enseñanza en forma detallada. Como así también que estos establecimientos informen en el contrato educativo, en el reglamento escolar y en sus carteleras el aporte percibido. A pedido de la Defensoría, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) efectuó controles para verificar el cumplimiento del requisito de informar en las facturas el porcentaje de aporte estatal. De los 325 institutos educativos privados relevados, surgió que el 57 por ciento no cumple con la normativa referente al régimen de facturación. Pero, en lugar de sancionar a aquellos que no habrían cumplido con la medida, recientemente la administración nacional modificó la norma en cuestión a fin de beneficiar a los infractores. Asimismo, la Defensoría instó a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología de la Legislatura porteña que se trate el Proyecto de Ley de “Transparencia en los aportes del Estado a las instituciones educativas de gestión privada”, presentado por el organismo el 3 de agosto de 2005. |
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