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21 de septiembre de 2007

Desalojarán a 2.300 familias en los próximos meses

La Defensoría del Pueblo porteño elaboró un informe sobre la situación habitacional en la ciudad de Buenos Aires y advirtió sobre el incremento incesante de los desalojos. En los próximos meses serán desalojadas 2300 familias.

Para Alicia Pierini, “la situación de colapso actual es el resultado de años de políticas ineficaces que han demostrado una escasa capacidad para abordar y resolver este flagelo pero, esencialmente, es el resultado de un modo de concebir esta problemática como un hecho coyuntural”.

El informe presentado hoy ante los legisladores porteños indica que según por la Oficina de Estadísticas de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil del Poder Judicial de la Nación, las causas ingresadas a la Justicia Nacional, durante el ejercicio 2006, en concepto de desalojo –por falta de pago, por vencimiento de contrato, comodato, intrusos y otras causales- ascendieron a cuatro mil ochocientas treinta y tres (4.833). Podemos precisar que no menos de diecinueve mil (19.000) personas se sumaron durante el año 2006 al universo de familias en emergencia habitacional .

Asimismo, en dicho año, la Justicia dictó un mil novecientos setenta y seis (1976) sentencias de desalojo.

El Estado local aborda la emergencia habitacional a través del Programa de Atención a Familias en Situación de Calle, que depende del Ministerio de Derechos Humanos del Gobierno porteño. Durante el ejercicio 2006 el Programa de Atención a Familias en Situación de Calle -creado por el decreto 690/06- atendió a cuatro mil ciento cuarenta y seis (4.146) hogares en emergencia habitacional.

La cantidad de hogares que quedaron en situación de calle y tramitaron un subsidio habitacional para afrontar el pago de un hotel o una vivienda transitoria se incrementó entre el primer y el segundo semestre del año 2006 en un 274 %.

Ahora bien, si comparamos los subsidios otorgados entre el primer y cuarto trimestre de ese mismo año, advertimos que la cantidad de familias que solicitaron su incorporación al Programa de Atención a Familias en Situación de Calle prácticamente se sextuplicó alcanzando dicha variación un incremento del 595%.

La situación descripta no registró mejoras en el año en curso. La cantidad de hogares en situación de calle asistidas por el Programa durante el primer semestre del año 2007, ascendieron a tres mil seiscientos cincuenta y siete (3.657), es decir que, en apenas un semestre del año se atendió casi la misma cantidad de hogares que en todo el ejercicio precedente lo que nos permite alcanzar una idea acabada de la magnitud y la proyección que presenta este fenómeno.

Los datos arrojados por el Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda para el año 2001 informan que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se registra un total de 1.024.231 hogares para una población total de 2.725.091 personas.

Las conclusiones del informe de la Defensoría del Pueblo sugieren la puesta en práctica de las siguientes acciones:

• Suspensión inmediata de los desalojos de inmuebles o predios de propiedad del Estado local y del Estado Nacional.
• Declaración Legislativa de la Emergencia Habitacional en la Ciudad.
• Transferencia inmediata de partidas presupuestarias que garanticen la asistencia de los grupos familiares que quedarán en situación de desalojo en los próximos meses.
• Propiciar herramientas e instrumentos de coordinación con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y las autoridades locales de la Región Metropolitana del Gran Buenos Aires (AMBA) en materia habitacional y articular programas de vivienda entre ambas jurisdicciones.
• Políticas se intervención en el mercado que faciliten el acceso a la vivienda de los sectores de menores recursos (políticas de incentivo a la producción de vivienda en áreas postergadas de la ciudad; incentivos a la producción de ciertas categorías de viviendas -“sencilla” o “confortable”-; desalentar el mantenimiento de tierras vacantes e inmuebles ociosos; entre otras).
• Conformación efectiva de un Banco de Inmuebles con fines sociales que incorpore tierras e inmuebles del Gobierno de la Ciudad, del Estado Nacional o Provincial y tierras de dominio privado que resulten aptas para la construcción.
• Inventariar y recuperar –afectándolos a programas de vivienda social- el Patrimonio Inmobiliario Estatal que no tenga un fin específico.
• Desarrollo de Programas que aborden efectivamente la emergencia habitacional a través de políticas que asistan a las familias en el corto plazo y se articulen con operatorias de mediano y largo plazo que propicien soluciones sustentables.
• Mecanismos de financiación y programas de subsidio a la demanda que sean eficaces, que aseguren un monto que viabilice la compra de inmuebles en el ejido urbano y modalidades y plazos de ejecución que se ajusten a la celeridad que presentan las transacciones inmobiliarias en el mercado privado.
• Programas de subsidio a la oferta de viviendas que prioricen a los sectores de menores recursos.
• Diseño consensuado de un Programa Integral de regularización de villas y asentamientos que reconozca explícitamente el derecho de la población residente a ocupar el espacio urbano en igualdad de condiciones con el resto de la ciudad. Para el caso de asentamientos que se emplacen en predios que no son susceptibles de ser urbanizados (terrenos lindantes con las vías del ferrocarril, bajo autopistas, etc) se debe asegurar la radicación de la población en tierras aptas cercanas a su lugar de emplazamiento.
• Programas de viviendas transitorias
• Programas de vivienda en arriendo y/o comodato para adultos mayores autoválidos y mujeres jefas de familia.
• Promoción de políticas que favorezcan los procesos de autogestión del hábitat.

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