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31 de marzo de 2006 Tragedia en taller textil Alicia Pierini se presentó ante la justicia federal en octubre pasado para denunciar penalmente la existencia de talleres clandestinos de costura que somete a familias enteras de inmigrantes bolivianos a condiciones de trabajo infrahumanas. La Defensora expresó que “a partir de nuestra denuncia esta tragedia era absolutamente previsible”. Pierini expresó que y que la denuncia penal presentada, además de sancionar a los dueños de las fábricas, pretendía advertir el peligro latente de una situación que podría desencadenar una nueva tragedia en nuestra ciudad”. Asimismo, la defensora del Pueblo le solicitó al gobierno porteño, en una resolución firmada el 9 de enero de este año, que los programas de asistencia social y los organismos encargados de ejercer el poder de policía se ajusten al Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas. La investigación que llevó adelante la defensora del Pueblo, Alicia Pierini, encontró numerosas irregularidades y la absoluta ilegalidad de la actividad. Los denunciantes demostraron que los talleres “no cuentan con habilitación, marca individualizadora, libros autorizados, libreta de los obreros, condiciones básicas de higiene y seguridad, y violan la Ley de Migraciones” Entre los fundamentos de la denuncia, la defensora del Pueblo destacó que: “el tallerista imputado no sólo habría promovido o facilitado el ingreso ilegal de personas al país con el fin de beneficiarse con la explotación de su trabajo sino que además habría facilitado su permanencia ilegal”. Esta conducta advertida en la investigación se agrava porque “además habría tenido por víctimas a los hijos menores de los trabajadores quienes habrían sido obligados a someterse, junto con sus padres, a un sistema de intimidación, encierro y clandestinidad en perjuicio de su salud física y mental, de su educación y socialización”, aseguró Pierini en la presentación judicial. La acción de estas mafiosas atenta directamente contra el derecho a la libertad. La defensora explica en su denuncia: “los trabajadores y sus familias habrían quedado atrapadas en un círculo opresivo del que no podían salir. Porque la presunta práctica de retener la documentación para evitar que se fueran del lugar, unidas al encierro en los talleres y la exhibición jactanciosa de una relación de complicidad con funcionarios policiales son mecanismos, a mi juicio, idóneos para atentar contra la libertad de esas personas”. Finalmente, Pierini reclamó al Estado “la correspondiente asistencia jurídica, médica, psicológica y social de modo tal de no empujar a las personas de escasos recursos a situaciones extremas o al riesgo de una revictimización”. |
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