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La investigación que llevó adelante la defensora del Pueblo, Alicia Pierini, encontró numerosas irregularidades y la absoluta ilegalidad de la actividad. Los denunciantes demostraron que los talleres “no cuentan con habilitación, marca individualizadora, libros autorizados, libreta de los obreros, condiciones básicas de higiene y seguridad, y violan la Ley de Migraciones”.

Entre los fundamentos de la denuncia, la defensora del Pueblo destaca que: “el tallerista imputado no sólo habría promovido o facilitado el ingreso ilegal de personas al país con el fin de beneficiarse con la explotación de su trabajo sino que además habría promovido o facilitado su permanencia ilegal mediante el presunto soborno de las autoridades policiales. Esta conducta no sólo habría sido habitual, dado el tiempo y la cantidad de personas involucradas, sino que además habría tenido por víctimas a los hijos menores de los trabajadores quienes habrían sido obligados a someterse, junto con sus padres, a un sistema de intimidación, encierro y clandestinidad en perjuicio de su salud física y mental, de su educación y socialización”.

La conducta de estas redes mafiosas, registradas en esta oportunidad en los talleres mencionados atenta directamente contra el derecho a la libertad. La defensora explica en su denuncia: “los trabajadores y sus familias habrían quedado atrapadas en un círculo opresivo del que no podían salir. Porque la presunta práctica de retener la documentación para evitar que se fueran del lugar, unidas al encierro en los talleres y la exhibición jactanciosa de una relación de complicidad con funcionarios policiales son mecanismos, a mi juicio, idóneos para atentar contra la libertad de esas personas”.

Finalmente, Pierini reclamó al Estado “la correspondiente asistencia jurídica, médica, psicológica y social de modo tal de no empujar a las personas de escasos recursos a situaciones extremas o al riesgo de una revictimización, como lo indica.

Luego de la presentación de la denuncia penal radicada en el juzgado Federal a cargo de Norberto Oyarbide, la Dra. Pierini expresó: “Lo más importante es cómo se protege, en el marco de la existencia de convenciones internacionales sobre la trata de personas y el trabajo esclavo, a los más desvalidos” y agregó: “es tal el grado de indefensión que estas personas ni siquiera tienen posibilidades de hacer denuncias demasiado visibles porque están indocumentados y tienen mucho temor, sumado a que los responsables de esta explotación los amenazan con la repatriación forzosa”.

Por su parte, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) expresó en un comunicado oficial que como “organización que vela por los derechos de los migrantes y comprometida en la lucha contra la trata de personas:

• Apoya la actuación de la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires.
• Repudia las condiciones de explotación a las que están siendo sometidos/as los y las migrantes bolivianos/as.”