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En la ciudad de Buenos Aires hay al menos 40 talleres clandestinos que la Defensoría del Pueblo está investigando con sus propios medios, habida cuenta de la falta de información del Gobierno de la Ciudad y del Gobierno Nacional. Por ejemplo, la Dirección General de Protección del Trabajo no cuenta con datos al respecto, es decir, que no tiene registros del funcionamiento de estos fábricas ilegales.

Para la defensora del Pueblo, Alicia Pierini: “Lo más importante es cómo se protege, en el marco de la existencia de convenciones internacionales sobre la trata de personas y el trabajo esclavo, a los más desvalidos”.

Para Pierini, es tal el grado de indefensión que “estas personas ni siquiera tienen posibilidades de hacer denuncias demasiado visibles porque están indocumentados y tienen mucho temor, sumado a que los responsables de esta explotación los amenazan con la repatriación forzosa”.

La Defensoría del Pueblo actúa para que los bolivianos sometidos obtengan el certificado de pobreza para obtener el certificado de residencia.

Loa abogados de la Defensoría participaron de dos encuentros realizados en el comedor comunitario “La Alameda” donde se explicó que la nueva Ley de Migraciones no permite que se deporte en los casos de tratas: son víctimas, no inmigrantes ilegales.