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La iniciativa de la defensora del Pueblo surge a raíz del informe que realizó el director médico del Hospital Juan P. Garrahan, Dr. Daniel Toer, donde se advierten los graves inconvenientes surgidos en la atención de los niños a partir de la medida de fuerza del personal no médico.

El informe explica que no se cumple con el suficiente personal para garantizar las guardias mínimas, que hay una gran disminución de público que concurre al hospital, además de la suspensión de 164 cirugías y la imposibilidad de aceptar las derivaciones de 41 niños provenientes de distintas provincias argentinas.

Pierini explicó que podríamos estar enfrentando una violación a la Convención sobre los Derechos del Niño y, sin perjuicio del derecho al reclamo del que gozan los trabajadores, estas medidas de fuerza deben resolverse sobre la base del “superior interés del niño” como lo establece la Convención mencionada.

“A raíz del agravamiento de la desatención producida por el conflicto gremial, solicité ayer la intervención del Procurador General de la Nación a fin de resguardar el derecho de salud y tratamiento de los niños y niñas que están requiriendo los servicios del Hospital Juan P. Garrahan, aseguró la ombudsman porteña.