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La defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alicia Pierini, explicó que el proyecto pretende favorecer a “aquellos casos en que los beneficios que la ley 24411 otorgó a los derecho habientes de las personas desaparecidas o fallecidas como consecuencia de la represión ilegal, fueron percibidos por sus hijos, quienes son herederos forzosos y desplazan a los padres según nuestra ley civil.”

Según el artículo 2º, “tendrán derecho a esta cooperación las abuelas o abuelos con domicilio en ciudad de Buenos Aires o cuyos hijos/as hubieren sido secuestrados en esta Ciudad o hubieran permanecido en campos clandestinos sitos en la misma”.

Los fundamentos del proyecto de ley, que lleva el número 1225, sostiene que “el Estado no puede ser indiferente a este universo de ancianos que han vivido la mayor tragedia de nuestra historia política, y por ello tomamos la iniciativa desde nuestra Ciudad, la única que ha incorporado en su texto constitucional el drama de la desaparición y la búsqueda de los niños nacidos en cautiverio”.

El proyecto establece que la cooperación consistirá en una suma de dinero a percibir mensualmente, porque “si sus hijos desaparecidos o asesinados estuvieran con vida seguramente se harían cargo de sus progenitores como la ley de la vida lo manda”, subrayó Pierini en el texto presentado ante los legisladores porteños.