Magistradas de las altas Cortes de Iberoamérica acordaron "reglamentar el manejo de la confidencialidad y la privacidad de los expedientes, de las audiencias y de otras diligencias judiciales que garanticen el derecho de las víctimas", como una medida para proteger la identidad de las mujeres víctimas de violencia basada en género, especialmente su difusión a través de los medios de comunicación.

Cerca de 30 mujeres de esta profesión, incluidas las Presidentas de la Corte Suprema de Justicia de Bolivia, Guatemala y Nicaragua, se reunieron en la capital ecuatoriana del 28 al 30 de noviembre para analizar las relaciones entre el acceso a la justicia y los medios de comunicación, junto con periodistas feministas y comunicadoras especialistas en género.

En la declaración final, las magistradas se comprometieron a establecer campañas sobre los derechos de las usuarias a los servicios judiciales, fortalecer los observatorios de justicia y género, y su responsabilidad de brindar información accesible, oportuna y comprensible a fin de evitar cualquier tipo de discriminación o distorsión por parte de los medios de comunicación.

Rodrigo Jiménez, representante del mencionado programa, explicó que desde 2000 se comenzó a realizar anualmente un Encuentro de Magistradas de las más altos Órganos de Justicia de América Latina y el Caribe hispano parlante.

"Es una estrategia para incidir sobre las máximas autoridades judiciales, a las cuales el Programa Mujer, Justicia y Género del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente, (ILANUD) no estaba llegando por medio de las estrategias anteriores", señaló. 

"Cuando empezamos, no habíamos tenido ninguna mujer presidenta de alta Corte en Iberoamérica, pero, en los últimos 12 años, Guatemala y Nicaragua han tenido dos presidentas de Corte Suprema, y Paraguay, Colombia, Panamá, Puerto Rico, Bolivia, México y Honduras han contado con una presidenta de alta Corte," agregó Jiménez.

La razón es la misma que encontramos en otras instituciones estatales. "Algunas mujeres posponen su carrera para atender a sus hijos", aseguró Zetty Bou, magistrada del Tribunal Electoral de Costa Rica.

De hecho, en la última década no sólo aumentó exponencialmente el número de mujeres en la máxima jerarquía, sino que la actividad por la justicia de género empezó a andar y con pasos firmes y sostenidos. Tal es el caso de Colombia.

"Desde 2002 empezamos el trabajo de introducir la perspectiva de género en la administración de justicia lideradas por magistradas de las altas cortes colombianas", afirmó la ex magistrada Lucía Arbeláez, pionera en este país suramericano.

"Hemos desarrollado planes de acción para dar capacitación e impactar toda la judicatura. Aunamos varias estrategias, por ejemplo, producción de conocimiento y materiales académicos, casi todos derivados de las providencias de los magistrados y magistradas de las altas Cortes para que los jueces aprendan la perspectiva de género", agregó.

En 2008, el Consejo de la Judicatura de Colombia dictó el Acuerdo 4552, mediante el cual se fijó la política de equidad de género para la rama judicial. 

Consecuente con ello se creó la Comisión Nacional de Género, con una estructura central y comités regionales de género en todos los distritos judiciales de Colombia. La Comisión está integrada por magistrados y magistradas de las cuatro altas Cortes: Corte Suprema, Corte Constitucional, Consejo de Estado y Consejo de la Judicatura.

La Comisión desarrolla una cátedra virtual latinoamericana, publica libros para capacitar, está trabajando en el sistema de información estadística para que se desagreguen por sexo, organiza encuentros regionales y nacionales con los operadores de justicia colombianos. 

Además, tiene un proyecto piloto para medir, con indicadores específicos, cómo se está introduciendo la perspectiva de género en las judicaturas de las ciudades de Envigado e Itagüí, con dos poblaciones relativamente pequeñas y ubicadas en el departamento de Antioquia. De resultar exitoso, podría replicarse en Medellín, capital de Antioquia, y quizás en otras ciudades de Colombia.

"Este es un tema de vanguardia y era desconocido al interior de la rama judicial; por tanto, hay una transformación cultural, y como tal hay cambio y algo de resistencia", puntualizó Arbeláez. Colombia fue escogido como país sede del II Encuentro de Magistradas Constitucionales.

Durante el encuentro se hizo especial énfasis en los procesos de violencia basados en género contra mujeres. No obstante, como dice Zetty Bou Valverde, magistrada Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica, el enfoque de género se inserta de manera transversal en la administración de justicia, y en muchas clases de Derecho se ve la necesidad de la perspectiva de género.

Por ejemplo, en procesos laborales donde las mujeres son discriminadas o acosadas sexualmente; o en derecho agrario en que muchas veces las mujeres no aparecen como co-titulares de tierra y se exponen a la pérdida patrimonial; o en casos de violación entre cónyuges, que a veces no son reconocidos por los jueces.

"Hemos tenido que hacer ajustes, pues el Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica tiene la potestad de interpretar la Constitución y la ley de manera exclusiva y excluyente de otros organismos. Por ejemplo, hay una cuota de 40% en las listas electorales de los partidos, pero estos ubican a las mujeres al final de sus listas, entonces el Tribunal interviene y dice que deben estar en posiciones que sean elegibles", explica.

También hay casos de violencia y acoso contra mujeres en los procesos judiciales. Puede ser que el alcalde varón no le asigne funciones a la vicealcaldesa (hay alternancia por sexo), el Tribunal lo estudia y dirime si es por causa de género. Se trata también de analizar ese tipo de denuncias como casos serios, no como algo de menor importancia, o como dicen "cosas de mujeres".

En el caso penal, la perspectiva de género contribuye a no revictimizar a las mujeres, aplicando la confidencialidad y las herramientas sobre cómo se debe hacer un interrogatorio a una mujer que ha sido violentada, clarificó la magistrada.

Agregó que Costa Rica cuenta con una norma que exige paridad por sexo en las instancias gubernamentales, de manera que, si no se cumple, las mujeres afectadas pueden presentar un recurso de amparo y hasta puede ser condenado el Estado.