| Año 5 Nº 56 | Noviembre - Diciembre de 2011 |
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Por la paridad de género | |
| El
Premio Nobel de la Paz de este año fue para tres mujeres: la
liberiana Ellen Johnson Sirleaf, primera Presidenta de un país
africano; su compatriota Leymah Gbowee, activista que lideró el
movimiento que puso fin a la segunda guerra civil de ese país; y
Tawakkul Karman, figura emblemática de la primavera árabe
en Yemen. Thorbjoern Jagland, presidente del Comité noruego, aclaró que la decisión no tuvo que ver con una “cuota de género”, sino con el reconocimiento de la labor de las tres galardonadas en la lucha pacífica a favor de la seguridad de las mujeres y de su derecho a la participación en procesos de paz. La designación indica, no obstante, un reconocimiento del lugar clave de las mujeres en la vida pública contemporánea y su liderazgo en procesos donde la participación popular ha adquirido renovado protagonismo. Sin embargo, las instituciones de la democracia formal no se muestran tan permeables a la participación femenina. A pesar de avances notables, estudios sobre participación de las mujeres muestran que la esfera política sigue siendo uno de los espacios más resistentes al cambio. Según el Índice de Compromiso Cumplido Latinoamericano, instrumento técnico-político creado por el movimiento de mujeres para el control ciudadano de las políticas nacionales e internacionales sobre equidad de género, en 2003, en 14 de los 18 países de la región la participación femenina en asambleas legislativas no llegaba al 20%. Entre ellos, cinco no alcanzaban el 10%. Costa Rica era el país con el porcentaje más alto (35,1%), seguido de Argentina (31%), México (21,2%) y Nicaragua (20,4%). Honduras, por su parte, registraba la presencia más baja de mujeres en cargos electivos (6,3%), seguido de Guatemala (8,2%), Paraguay (8,8%), Brasil (9,1%), Panamá (9,9%) y Chile (10,1%). En 2009, la Unión Interparlamentaria (UIP) reportó cambios en el panorama participativo de las mujeres en América Latina. La Argentina pasó a liderar la lista con un porcentaje de participación del 46,1%, seguida por Costa Rica con un 36,8% y Ecuador, que subió del 16,0% en 2003 al 32,3%. Esos cambios obedecen en buena medida a la implementación de cuotas de género en las décadas de 1990 y 2000, señala la organización internacional. Si bien algunas de estas políticas ya habían sido adoptadas por partidos políticos del norte de Europa en la década de los setenta, la UIP señala que Argentina fue el primer país democrático que, en 1991, le confirió carácter de ley a esta medida, extendiéndola para todos los partidos y fijando una cuota del 30% para las elecciones generales, lo que conllevó un incremento de la representación de mujeres en las legislaturas. Actualmente, este país, que acaba de reelegir a una mujer, Cristina Fernández, como presidenta de la República, se sitúa entre los 12 primeros a nivel mundial con mayor participación femenina en el Parlamento. En los años siguientes, doce países de las Américas siguieron este ejemplo y formularon leyes o disposiciones constitucionales relativas a las cuotas de género, aunque el crecimiento de la participación política femenina en ellos fue dispar. La organización que representa a la rama legislativa de 159 países, explica que esto se debió a factores relacionados con el porcentaje de participación femenina exigido por las cuotas, que en países como Costa Rica establece un mínimo del 40% de las candidaturas, mientras que en Paraguay es del 20%. Otro factor son los mecanismos dispuestos por la ley para garantizar su cumplimiento, que en algunos países contemplan sanciones para los partidos que nos las cumplan, mientras que en otros como Panamá no pasan de meras recomendaciones. Los mayores avances se han registrado en las elecciones parlamentarias, en tanto que la participación de las mujeres en los gobiernos locales continúa siendo baja. Según lo reportado en el Primer Foro Hemisférico “Liderazgo de las mujeres para la democracia de ciudadanía” celebrado en abril de este año en Washington, en América Latina menos del 10% de las alcaldías está en manos de mujeres, y en la administración pública ellas apenas alcanzan el 15% de los gabinetes ejecutivos. Esta subrepresentación en puestos de gobierno afecta la calidad de la democracia y el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres. También incide en la pobre formulación de leyes, políticas y programas destinados a superar la discriminación en todas las esferas de la vida nacional, pública y privada. |
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| Fuente: www.clam.org.br, noviembre de 2011 |
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Compilación y coordinación editorial: Lic. Gabriela Moffson |