La investigación que llevó adelante la defensora del Pueblo, Alicia Pierini, encontró numerosas irregularidades y la absoluta ilegalidad de la actividad. Los denunciantes demostraron que los talleres “no cuentan con habilitación, marca individualizadora, libros autorizados, libreta de los obreros, condiciones básicas de higiene y seguridad, y violan la Ley de Migraciones”.