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Temas de opinión
Abril de 2012
A proteger los derechos del pueblo
A los defensores del pueblo no nos gusta que nos digan ombudsman. Esa institución es originaria de una Europa monárquica que la creó para ser oidora de las quejas de sus súbditos o intercesora ante el poder y así limitar sus abusos o arbitrariedades.
Los defensores del pueblo también escuchamos los reclamos ciudadanos, pero no contra ninguna nobleza, sino contra las deficiencias o ineficiencias de las instituciones que este mismo pueblo ha creado a través de sus representantes a lo largo de su historia, o reaccionamos ante incumplimientos de funcionarios de la democracia.
Nuestra brújula -única y compartida- es la de los derechos humanos, con su amplio abanico de principios, normativa, doctrina, jurisprudencia y los valores fundamentales de la vida y dignidad que son fundantes y sustento de todos los demás derechos que integran su plexo vigente para esta sociedad y en este tiempo.
Ser defensor del pueblo en nuestro continente es no olvidar que ingresamos en el mundo occidental primero colonizados a sangre y fuego por unos y luego económicamente por otros, que hemos sido asolados por dictaduras locales con apoyo exógeno, extorsionados por endeudamientos agobiantes y eternamente manipulados culturalmente. Por eso nuestra misión es ser también defensores de la democracia costosamente alcanzada y de su gobernabilidad, del perfeccionamiento de las instituciones, de la participación ciudadana, de la equidad y del diálogo permanente entre las diversidades. Al mismo tiempo, rige para nosotros una opción preferencial: por los más vulnerables, no porque tengan siempre razón, sino porque la vulnerabilidad requiere ser compensada y ésa es también función estatal.
Desde esa mirada nuestros antecesores no son los ombudsman europeos (respetables por cierto en sus lugares), sino quienes asumieron hace 500 años la defensa de los pueblos originarios víctimas de la matanza y la explotación colonial. Los dominicos como fray Bartolomé de las Casas o Francisco de Vitoria, o los misioneros jesuitas, serían -en el lenguaje de hoy- los primeros defensores de derechos humanos en estas latitudes. Mientras los teólogos oficiales discutían si los indios tenían alma o no, ellos morigeraron cuanto pudieron las condiciones infrahumanas a las que eran sometidos. A partir de entonces y hasta la fecha, cientos de defensores de derechos humanos existieron en nuestra historia bicentenaria.
Hoy los defensores del pueblo tenemos como misión defender y proteger sus derechos, promover y proteger los valores y principios que nutren las convenciones que nuestro país ha convalidado y aportar positivamente a las instituciones de la democracia. Como organismos de control, hacemos control de vigencia de derechos. Y como casi nunca -en ningún lugar del mundo- tal vigencia es plena y total, ese control nos hace fatalmente críticos, puesto que trabajamos sobre las patologías del sistema, sobre lo que no funciona o lo que se incumple, advirtiendo sobre los daños por reparar o los riesgos por prevenir, diagnosticando situaciones y recomendando medidas.
Ni oficialistas ni opositoras, las defensorías del pueblo han sido paridas por la democracia y están para cuidarla, mejorarla y defenderla desde adentro del sistema estatal.
Cuando no hubo democracia, la defensa de los intereses populares y nacionales recorrió otros caminos, esa memoria nos acompaña y nos compromete con las generaciones futuras.
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Julio de 2011
Del Nunca Más al Ahora Más
Hace varios años, cuando estaba coordinando una mesa de diálogo y formación en derechos humanos con un grupo de oficiales de la Policía Federal Argentina, insinué que para hacer cumplir la ley había que contar con personal más capacitado en los principios fundamentales del derecho y de los derechos humanos. La respuesta que recibí fue que los oficiales debían tener, en primer lugar, un perfecto conocimiento de los reglamentos policiales, luego de las leyes y por último de la Constitución Nacional.
Observando la vida política, veo que muchas decisiones recorren un camino similar: se fundan primero en la coyuntura, luego en el proyecto partidario, y por último –a lo mejor- toman en cuenta el futuro del país.
Es difícil pensar con categorías sistémicas cuando se sobrevalora a la porción. Es casi imposible prevenir lo que ocurrirá cuando se vive la abrumadora inmediatez. Y así se van construyendo opciones tácticas que afectan el presente, muchas veces no compatibles con una estrategia de futuro.
En derechos humanos puede ocurrir –y sucede- que una acción resulte brillante en lo inmediato pero sea generadora de un mal precedente para el futuro. Y que lo brillante o exitoso en la coyuntura no sea lo correcto para una estrategia de consolidación democrática que apuesta hacia adelante.
Entonces se abren los interrogantes: ¿Qué es lo correcto? Para la Defensoria del Pueblo, un órgano de protección, promoción y defensa de los derechos humanos, ¿Cuál es el camino correcto?, ¿Cómo evaluar según la normativa vigente cuando una demanda es “justa” o “injusta”? Existen normas cuya interpretación puede encaminarse en un sentido u otro, que a veces son insuficientes o que polemizan entre sí. No sólo hay dos bibliotecas en derecho, a veces hay más.
Para hacer una pausa en la cotidianidad es que ideamos un Seminario de Derecho Público, bajo la profunda mirada académica del constitucionalista Raúl Gustavo Ferreyra. Porque deseamos reflexionar profundamente sobre los valores constitucionales, y los conflictos de derechos, analizar las supremacías jurídicas y las diferentes doctrinas que las sustentan, y repensar críticamente las prácticas, incluyendo las propias, de aplicación cotidiana del derecho. Para evitar que nuestra continua tarea diaria nos esclerose la vocación de justicia convirtiéndonos en burócratas y promover, por el contrario, nuestra aspiración de convertirnos en juristas con una clara visión democrática del Estado.
Defender la brújula de la Doctrina de los Derechos Humanos, en medio de confusiones y tormentas, es parte de la tarea emprendida, así como también advertir sobre los usos indebidos de la expresión “derechos humanos”, que encierra una concepción demasiado valiosa, con raíces en el dolor de nuestro pueblo y de otros pueblos del mundo.
En la década del 80 proclamamos el Nunca Más a las dictaduras y a las masivas violaciones a los derechos humanos. Ha llegado la hora del Ahora Más, como afirmación positiva del ejercicio de los derechos humanos en democracia, desde nuestro trabajo cotidiano y con la mirada puesta en el horizonte, para aportar a la construcción estratégica de las instituciones y a la vigencia plena de los derechos.
Nuestro seminario se creó para pensar reflexionar al compás del valioso pensamiento de juristas prestigiosos y perfilar un lenguaje común como parte de nuestra propia construcción institucional. Y con ese convencimiento acabamos de publicar el número uno de nuestra flamante colección Contextos, que incluye dos trabajos inéditos hasta ahora del doctor Julio Maier -a quien agradezco profundamente su aporte-, una contribución del doctor Pablo Corradini que ha recibido la más alta calificación en un curso de postgrado en la Facultad de Derecho de la UBA, y una ponencia escrita por el doctor Ferreyra, que constituye un compendio de su enfoque sobre el mundo jurídico.
Nuestro profundo agradecimiento a todos los que nos brindaron desinteresadamente sus saberes, y al doctor Raúl Gustavo Ferreyra por su enorme paciencia y vocación académica con la que nos guía en nuestras zambullidas bibliográficas.
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Junio de 2011
Asumir Cromañón
A más de seis años de aquella fatídica noche, la Justicia se expidió. Fiel a la lógica penal, sostuvo que los hechos desencadenantes de la tragedia no fueron voluntarios ni estrictamente previsibles; sino, producto de múltiples corrupciones que -por separado- no bastaban para ocasionarlos.
No obstante, bueno es repasarlas y compartir con los padres de las víctimas ese grito desgarrador que afirma: ¡A los chicos los mató la corrupción!
-Antes de Cromañón, proponer la clausura de un boliche era propio de la mano dura; nada progre. En cambio, una amenaza de clausura era la previa a una suba en el costo de la no clausura; parte de esa cultura del arreglo que permite habilitaciones inviables o verificaciones miopes y adecuadas a las corruptas reglas de un juego con muchos participantes.
-A mí no me va a pasar, si juego al límite o abarato costos es para ganar más, dice el voraz comerciante que expone vidas ajenas en una ruleta rusa, sabiendo que –tarde o temprano- la bala causará estragos.
-Los muertos fueron víctimas de una práctica que ellos ayudaron a crear desde la juvenil onda transgresora. Tiremos bengalas aunque esté prohibido es una consigna equivalente a acelerá más o a no seas careta. Quienes les enseñaron a transgredir sólo querían incluirlos en el mercado del consumo desenfrenado. En cambio, nadie les avisó que -en democracia- la transgresión sólo sirve cuando mejora al sistema.
-Repartir espacios de gestión es el modo corrupto de la política plural. En su nombre se lotean lugares de decisión y se confunde a lo público con una agencia de colocaciones para amigos o parientes. Compartir espacios de gobierno no es decir a Fulano/a le toca poner al Director/a de… y permitir que se designe a quien nada sabe de gestión.
-La corrupción policial es obvia. Sumos cultores del arreglo, los uniformados habían arreglado todo con Cromañón.
-La imprevisión que reinó esa noche mostró la corrupción de un funcionariado carente de planes para afrontar catástrofes masivas e incapaz de contener a quienes deambulaban en busca de sus hijos.
Todo es parte de la Memoria de Cromañón. Recordarlo es entender que no fue un accidente el que inmoló a 193 jóvenes, asumir que la corrupción mata y erradicar la trampa de lo público y de lo privado.
Para no olvidarlo, proponemos un Cromañón abierto para todos, por el que debamos pasar y leer en sus paredes los testimonios del horror, y ante el cual –así como alguna vez nos juramos Nunca Más-, nos comprometamos en un colectivo Que No se Repita.
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Diciembre de 2010
Comunicado sobre la ocupación del Parque Indoamericano
Como Defensora del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en virtud de los hechos acaecidos y aún no resueltos, iniciados en el Parque Indoamericano, quiero alertar sobre el riesgo de que el discurso discriminatorio se instale en nuestra ciudad, produciendo violencia, o difundiendo agravios, en franca contradicción con los principios de Derechos Humanos y de nuestra constitución.
Lamento que el oficialismo utilice arbitrariamente declaraciones expresadas en un contexto determinado para justificar políticas oficiales que, como las actuales, vengo cuestionando institucionalmente por no cumplir con el mandato constitucional de “garantizar el derecho de acceso a una vivienda digna...y resolver progresivamente el déficit habitacional, de infraestructura y servicios“ (art. 31 Const. CABA).
Hace pocos meses atrás he fundamentado -desde la institución que represento- ante el Tribunal Superior de Justicia la doctrina de la no regresividad de los derechos sociales. Asimismo reiteradamente y desde cada lugar institucional que he ocupado he defendido la igualdad ante la ley y la no discriminación con conductas y acciones concretas.
Es el bloque de legalidad vigente el que proclama y garantiza que “todas las personas tienen idéntica dignidad y son iguales ante la ley” (art.11 Const. CABA). La ley también incluye la no ocupación indebida de los espacios públicos.
En razón de los hechos ocurridos volvemos a convocar al diálogo y a la resolución pacífica del problema social y habitacional, sin represión y sin agravios, para que se ponderen los derechos en conflicto, a través de la negociación y contención social. Exhortamos a que sea ése el camino a tomar por todos los actores involucrados.
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Octubre de 2010
Justicia rápida y eficaz
La búsqueda de justicia para resolver los conflictos humanos es antigua y universal: no hay civilización, primitiva o desarrollada, que no haya ideado alguna terceridad para dirimir las controversias entre sus miembros. Sin esa alternativa, los conflictos no encontrarían un cauce pacífico y se resolverían- inevitablemente -por la fuerza del poder o por la violencia.
Por ello, cuanto más desarrollada es una sociedad –en especial, en democracia-, más abiertos, eficaces y accesibles necesitan ser esos terceros imparciales que conforman el sistema judicial para decir cómo debe resolverse una controversia (juris-dicción: decir el derecho).
Sin embargo, los sistemas judiciales no son sencillos de abordar y para el conjunto de la sociedad se han convertido en ámbitos burocratizados, cuyos ritualismos procesales y dificultades de acceso hacen que ningún habitante puede hoy defender sus derechos ante los tribunales sin el asesoramiento, lo guía o el patrocinio de un profesional.
Esta complejidad del sistema tiene sus costos, y éstos se constituyen en un obstáculo más para el hombre o la mujer común. Agreguemos a ello que el mayor desarrollo social, económico y demográfico, sumado a una mayor conciencia acerca de los derechos vigentes, produjo un aumento de los litigios que hizo colapsar a algunos fueros o ramas judiciales y convirtió en interminables a los pleitos que a ellos se someten. Y, como se sabe, justicia lenta no es justicia.
El arbitraje surge entonces como una alternativa útil. Con procedimientos rápidos y sin costos, con la misma garantía de imparcialidad y legalidad, los árbitros –que son jueces elegidos por las partes- pueden decir el derecho y encauzar un conflicto. Su fallo, llamado laudo arbitral, es obligatorio para las partes y ,en caso de ser desobedecido por la parte perdedora, puede exigirse su cumplimiento mediante la fuerza coercitiva del sistema oficial, ya que los árbitros carecen de ella.
Por ser un sistema al que las partes acuerdan someterse, a través suyo puede tratarse toda clase de controversias que no afecten al orden público; es decir, aquellas que no sean cuestiones penales o contravencionales, ni de familia, de menores u otras en las cuales los litigantes no pueden elegir jurisdicción porque el Estado es parte.
Por la efectividad de este sistema, nos ponemos a disposición de los vecinos para que en los contratos de locación, compraventa u otros similares, las partes acuerden someter las eventuales controversias futuras al servicio del Centro de Arbitraje de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, donde encontrarán un amplio listado de profesionales idóneos y seleccionados por un jurado intachable tras un riguroso concurso que en poco tiempo y sin costos brindarán un servicio de mediación previa o de justicia arbitral en caso de no prosperar la mediación, que concluirá en un laudo, ejecutable judicialmente como cualquier otra sentencia.
Con este servicio, la Defensoría ratifica su vocación de trabajar por la vigencia de un derecho accesible para todos, al mismo tiempo que contribuye a descongestionar el sistema judicial oficial, hoy desbordado por múltiples asuntos pendientes de resolución.
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Septiembre de 2010
Responsabilidades
Ruidos molestos, grietas en medianeras y hasta derrumbes son algunos de los problemas que asechan a quienes viven junto a una obra en construcción. Cuando ocurre una catástrofe -como la sucedida hace unas semanas en un gimnasio de Villa Urquiza- sus reclamos se multiplican y se suman a las voces de los que aspiran a un crecimiento ordenado de la ciudad.
Con suficientes razones, los sufridos porteños también se exasperan si un colectivero arrasa a un peatón, si un paciente muere por culpa de una mala praxis o si se desploma el techo de un aula que fue construido con materiales inadecuados.
Ante estos casos, el fastidio recae en los funcionarios que -como parte de la administración pública- deben velar para que no sucedan y garantizarle al vecino estándares mínimos de buenas prácticas y el cumplimiento de los métodos y procederes normados para cada actividad.
Pero más allá del debido control estatal, en el universo de médicos y gasistas, ingenieros y choferes, arquitectos y electricistas -entre tantas profesiones y oficios-, cada uno debe aplicar las técnicas y cuidados de su arte porque así lo exige el compromiso que asumen con la comunidad.
Claro que una sociedad no puede dividirse entre controladores y controlados, entre vigilantes y vigilados, sino a riesgo de tornarse inviable. Porque si no hay una conciencia social compartida, los controles no alcanzan y el destino de todos queda librado a una suerte que -cuando falla- nos expone a tragedias que despiertan las críticas cruzadas y empujan hacia una inquisitorial búsqueda de culpables con el telón de fondo de las lágrimas que derraman los allegados a las víctimas.
Mientras tanto, la educación para la responsabilidad parece ausente tanto de la agenda pública como de la privada.
Es por ello que tras una catástrofe se pide punición con un énfasis que no se aplica para exigir responsabilidad en cada acción cotidiana. Basta observar la cantidad de conductores que violan la luz roja de los semáforos o exceden las velocidades permitidas, los vecinos que tiran la basura en cualquier lado o contaminan las plazas con la caca de sus perros, los comerciantes que venden alimentos vencidos o en mal estado, los que incurren en una larga lista de contravenciones o imprudencias que -en mayor o menor medida- han dejado de asombrar.
Ojalá todos fuésemos responsables en lo nuestro. Que los que estudian lo hiciesen para aprender y no para zafar. Que los que trabajamos no cometiéramos chapucerías ni transgresiones. Que los funcionarios sirvieran a la sociedad sin que medien atisbos de corrupción. Si así ocurriera, los controles serían más útiles.
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Agosto de 2010
Prevenir es una actitud
Si puede prevenirse no es accidente, suelen asegurar los medios de comunicación. Como desde la Defensoría compartimos ese punto de vista, ponemos el acento en prevenir cualquier vulneración de derechos y no esperamos que ella se produzca para luego señalar culpables. Así lo hicimos ante la falta de controles en los boliches bailables y todos recuerdan la tragedia que ocurrió en pleno Once por no escuchar nuestras alertas tempranas.
Continuando en esa línea frente a los más diversos temas, en esta ocasión me referiré sólo a uno de ellos: los llamados accidentes domésticos.
Según la Sociedad Argentina de Pediatría, los accidentes domésticos que ocurren en nuestro país constituyen –luego de los siniestros viales- la principal causa de muerte entre niños y niñas. Es así que las crónicas suelen anoticiarnos de chicos o chicas que se ahogaron, se quemaron o se electrocutaron; hechos que –afirman los expertos- podrían evitarse si los adultos supervisaran a sus hijos y tomaran las precauciones debidas.
¿Qué hace falta para que en hogares, escuelas, plazas o calles se tomen las medidas necesarias para reducir al mínimo la situación accidental? ¿Sólo el Estado debe encargarse de ello? Creemos que no. Obviamente, el Estado es responsable cuando los semáforos no funcionan o faltan en las cercanías de las escuelas; cuando no ordena el tránsito y se consagra la impunidad de las picadas o cuando los juegos de la plaza presentan peligrosos deterioros. Pero estar atento a la mayor parte de los riesgos previsibles es responsabilidad de los adultos. Son ellos los que deben cerrar las llaves del gas antes de acostarse y evitar que hayan cables sueltos en la casa; mantener insecticidas y remedios lejos de los niños; ubicar la pava o la sartén en las hornallas traseras de las cocinas; no encerar escaleras; vigilar que los más chiquitos no se acerquen a las estufas encendidas y no dejarlos solos en la bañera o la pileta; cuidar que cuchillos o tijeras no lleguen a sus manos, que no traguen botones, monedas u otros objetos pequeños, entre otras elementales precauciones.
La cultura del riesgo que se sostiene en el a mí no me va a pasar es parte de la cultura de la transgresión de quienes gustan vivir al límite para luego llorar sobre la leche derramada. La Defensoría promueve el valor de la vida y, por ende, la cultura del cuidado de uno mismo y de los demás. Cuidado cuando manejamos el auto o cruzamos la calle, cuidado y prevención de accidentes con los más chicos o con los más viejos, porque son los más vulnerables. Por eso, durante agosto y a propósito de celebrarse el Día del Niño (ver Nota de tapa) relanzamos una campaña para prevenir y concienciar a los padres sobre los accidentes domésticos con el lema Que tus chicos puedan jugar sin poner su vida en juego.
La Ciudad requiere que nos cuidemos entre todos, tanto como necesita ser cuidada por todos. Y ese cuidado es una actitud que empieza en el hogar con la propia familia, sigue por las calles del barrio con nuestros vecinos y continúa por el resto de la urbe con todos los que la transitan.
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Julio de 2010
Salud, derechos y avivadas
La violencia ya estaba instalada desde aquel invierno cuando el terrorismo sedicioso bombardeó la Plaza de Mayo ante nuestros atónitos ojos de escolares. Luego se sucedieron los golpes de Estado, la proscripción de las mayorías, las cárceles colmadas de presos políticos, los bastones largos y otras prepotencias. Durante décadas la violencia se ejerció sólo contra el pueblo mientras las armas oficiales hacían de la Constitución Nacional un manojo de papeles descartables. Los artífices de aquellos atropellos respondían al golpeteo de nudillos civiles sobre puertas cuarteleras y a la voracidad multinacional y financiera que incitaba a una guerra santa.
Los jóvenes de entonces sabíamos que meterse en política o reclamar justicia social era riesgoso. Pero nuestras vidas cobraban sentido tras las utopías de la libertad, de Patria Grande y de aquel Hombre Nuevo tan justo y solidario. Rompimos moldes tradicionales. Cuestionamos la moralina vigente. Apostamos con pasión y entrega a los proyectos de cambio. Nada se hacía a cambio de sueldos, contratos o pasantías. La ética militante no se compraba ni se vendía. Sobraba el compromiso, la grandeza, la fe, la esperanza revolucionaria y la alegría.
Cuando el terrorismo de Estado expandió el horror hasta límites impensados, los jóvenes que lo sobrevivieron y que comenzaban a transitar hacia la madurez supieron resistirlo aprovechando cada resquicio y apelando a métodos coherentes con sus convicciones.
La verdad sobre aquella juventud y la ofrenda que merece están pendientes. Abundan, en cambio, las voces que la demonizan como delincuencial y terrorista o la menosprecian tratándola de víctima inocente o de ovejas de rebaño.
Tal vez, la grandeza militante que evocamos no resulte inteligible en esta época y calificarla con criterios actuales sea tan errado como pensar el hoy con categorías setentistas.
No obstante, los jóvenes del siglo XXI intuyen que aquella militancia no fue en vano y que hay una ética y una épica inconclusa dignas de rescatar. Y ello es así pese a que saben más de lo padecido por sus antecesores que de los proyectos que -con virtudes y defectos- iluminaron sus caminos. Hay demasiadas historias por develar para que no desaparezcan al igual que los 30 mil a los que seguimos extrañando.
Al celebrar la vida en este Bicentenario, damos el presente por los que ya no están, pero homenajearlos no nos exime de transformar la experiencia en saber y a éste en legado. Ojalá tengamos tiempo para hacerlo.
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Julio de 2010
Memoria y futuro
La violencia ya estaba instalada desde aquel invierno cuando el terrorismo sedicioso bombardeó la Plaza de Mayo ante nuestros atónitos ojos de escolares. Luego se sucedieron los golpes de Estado, la proscripción de las mayorías, las cárceles colmadas de presos políticos, los bastones largos y otras prepotencias. Durante décadas la violencia se ejerció sólo contra el pueblo mientras las armas oficiales hacían de la Constitución Nacional un manojo de papeles descartables. Los artífices de aquellos atropellos respondían al golpeteo de nudillos civiles sobre puertas cuarteleras y a la voracidad multinacional y financiera que incitaba a una guerra santa.
Los jóvenes de entonces sabíamos que meterse en política o reclamar justicia social era riesgoso. Pero nuestras vidas cobraban sentido tras las utopías de la libertad, de Patria Grande y de aquel Hombre Nuevo tan justo y solidario. Rompimos moldes tradicionales. Cuestionamos la moralina vigente. Apostamos con pasión y entrega a los proyectos de cambio. Nada se hacía a cambio de sueldos, contratos o pasantías. La ética militante no se compraba ni se vendía. Sobraba el compromiso, la grandeza, la fe, la esperanza revolucionaria y la alegría.
Cuando el terrorismo de Estado expandió el horror hasta límites impensados, los jóvenes que lo sobrevivieron y que comenzaban a transitar hacia la madurez supieron resistirlo aprovechando cada resquicio y apelando a métodos coherentes con sus convicciones.
La verdad sobre aquella juventud y la ofrenda que merece están pendientes. Abundan, en cambio, las voces que la demonizan como delincuencial y terrorista o la menosprecian tratándola de víctima inocente o de ovejas de rebaño.
Tal vez, la grandeza militante que evocamos no resulte inteligible en esta época y calificarla con criterios actuales sea tan errado como pensar el hoy con categorías setentistas.
No obstante, los jóvenes del siglo XXI intuyen que aquella militancia no fue en vano y que hay una ética y una épica inconclusa dignas de rescatar. Y ello es así pese a que saben más de lo padecido por sus antecesores que de los proyectos que -con virtudes y defectos- iluminaron sus caminos. Hay demasiadas historias por develar para que no desaparezcan al igual que los 30 mil a los que seguimos extrañando.
Al celebrar la vida en este Bicentenario, damos el presente por los que ya no están, pero homenajearlos no nos exime de transformar la experiencia en saber y a éste en legado. Ojalá tengamos tiempo para hacerlo.
Dra. Alicia Pierini
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Junio de 2010
Atención personalizada
Silvina P. está abonada al servicio de telefonía celular que brinda Telecom Personal y tiene tres líneas a su nombre. Todo iba bien hasta el día en que las facturas que recibía aparecieron recargos por un servicio de Protección GSM Medium Empresa que ella jamás había solicitado.
Romina Z fue clienta de Claro durante dos años; pero un día decidió solicitar la baja del servicio. En la empresa le informaron que para conceder su solicitud debía desembolsar previamente 500 pesos en concepto de bonificaciones perdidas por baja anticipada.
Tanto Silvina como Romina recurrieron a la Defensoría del Pueblo y, en plazos razonables, lograron soluciones satisfactorias a sus respectivos problemas.
Sus casos son apenas un par de ejemplos entre los muchos logros alcanzados por la Defensoría desde que en 2007 el área de Derechos de Consumidores, Usuarios y Administrados de la institución puso en marcha un sistema que –correo electrónico de por medio- gestiona e intenta conciliar los conflictos entre usuarios y prestadores del servicio de telefonía móvil celular.
El sistema implementado se caracteriza por su agilidad y se pone en marcha cuando un vecino de la Ciudad plantea por escrito ante la Defensoría una queja o consulta referida al servicio. Inmediatamente, la inquietud se remite por e-mail a la empresa correspondiente que dispone de un sector dedicado a atender los planteos provenientes de la Defensoría.
Según la complejidad del problema, las empresas cuentan con un plazo de entre 5 y 15 días para emitir un informe sobre el tema y ofrecer –si así lo consideran- una propuesta de conciliación o de solución del conflicto.
Cuando la Defensoría recibe la respuesta, se la traslada al usuario y -si éste la acepta- se celebra un acuerdo sobre el que el organismo hará un seguimiento hasta constatar que haya sido cumplido.
En caso de que la propuesta no satisfaga al usuario y las posibilidades de conciliar se desvanezcan, la Defensoría remite los antecedentes reunidos y un análisis de los derechos en juego a la Dirección de Defensa y Protección del Consumidor del Gobierno de la Ciudad para que ésta –en uso de sus atribuciones- verifique si la empresa involucrada cometió alguna infracción a la ley y –de ser así- aplique las sanciones correspondientes.
La realización de este trámite insume no menos de veinte días y no más de cuarenta; pero en promedio, los casos se resuelven en veinticinco días.
De su efectividad dan cuenta las cifras: desde que el sistema se puso en marcha hasta febrero pasado se resolvió por acuerdo de partes el 65% de los problemas planteados; mientras que el 16% debió remitirse a Defensa y Protección del Consumidor. El porcentaje restante se divide entre las que estaban en trámite y un 1,4% de gestiones que debieron archivarse por falta de documentación o de respuestas por parte de los denunciantes.
Dra. Alicia Pierini
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Abril de 2010
Tarea cumplida
El Informe Anual 2009 de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires refleja con claridad la importancia que ha adquirido la institución en lo que hace a la defensa de los derechos humanos individuales y sociales de los vecinos, la supervisión de los funcionarios del Gobierno local, el control de las empresas de servicios públicos y la atención de las inquietudes de aquellos que se sienten afectados por abusos, negligencias o irregularidades.
Durante los 254 días hábiles del año se atendieron 96.568 consultas. El 57% de ellas se efectuaron telefónicamente, el 36,6% en forma personal y el 6,4% mediante otras vías.
Derechos de la Tercera Edad, una de las áreas más requeridas, registró 11.928 nuevas consultas, de las cuales el 77,2% estaban referidas a las jubilaciones y pensiones que otorga el ANSeS, el 5,6% a reajustes, descuentos, etc., el 3,8% a la problemática vinculada a las ex AFJP, el 3,8% a subsidios y el 1,7%, a inconvenientes vinculados con la provisión de medicamentos.
En tanto, el área de Derechos Sociales totalizó 3.683 consultas, el 44,9% relacionadas con el subsidio habitacional dispuesto por el decreto 690/06, el 15,8% con el programa Ciudadanía Porteña que facilita el acceso a la salud, la educación y la reinserción laboral a quienes no llegan a cubrir sus necesidades básicas, el 14,9% con el acuciante problema de los desalojos, el 9,9% con personas en situación de calle y el 5,3% con el programa Nuestras Familias que apunta a fortalecer la situación de grupos familiares en situación de vulnerabilidad.
Salud e Integración Social, la tercer área más requerida, recibió 921 consultas, el 26% vinculadas con inconvenientes con las obras sociales, el 17,7% con problemas para la obtención de medicamentos, el 9,6% con dificultades con empresas de medicina prepaga y el 5,1% con obstáculos para la provisión de insumos y prótesis varias.
Así, resulta evidente que la deuda social más importante que la Ciudad tiene con los porteños es el déficit habitacional, pero éste excede a la administración actual, porque involucra las migraciones provenientes del conurbano y las provincias que se produjeron durante los últimos años, y también se vio agravado a raíz de la ausencia de políticas de arraigo de los migrantes en sus zonas de origen. Por el contrario, los numerosos problemas en la atención pública de la salud son estrictamente deficiencias de gestión.
Los temas denunciados por los vecinos durante el año pasado revelan la conciencia creciente con respecto de los derechos que tienen los habitantes y que son incumplidos. Sólo cabe aguardar que las demandas ciudadanas sean encausadas y satisfechas por los funcionarios gubernamentales, mandatarios de la voluntad popular y por lo tanto responsables de elevar la calidad de vida de la población.
Dra. Alicia Pierini
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Marzo de 2010
Un compromiso ineludible
En 1975, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró al 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. Desde entonces, la fecha se conmemora en todo el mundo para homenajear a quienes fueron pioneras en la demanda por la igualdad de derechos entre varones y mujeres; pero también para reflexionar en torno a que -pese a los inmensos cambios y avances producidos en las últimas décadas- aún no existe país donde los derechos y las oportunidades sean iguales para unos y otras.
Las mujeres argentinas no olvidan que fue Eva Perón quien las dignificó al impulsar en 1947 el voto femenino que las incluyó en la vida política. Tampoco que, décadas más tarde, el conjunto de mujeres políticas dio un paso más en su integración al lograr el cupo mínimo femenino en las listas electorales.
En 1994, Argentina dio un paso significativo al reformar su Constitución e incorporar en ella los tratados sobre derechos humanos aprobados por las Naciones Unidas, entre los que se destaca la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), cuya aplicación obligatoria es responsabilidad de los tres poderes de Estado tanto a nivel nacional, como provincial y municipal. En el ámbito local, la Constitución porteña consagró la igualdad real de oportunidades y de trato entre mujeres y varones, un precepto luego desarrollado por la ley 474 que garantizó de modo adecuado los derechos de las mujeres y proveyó a la Ciudad de Buenos Aires de una de las más avanzadas normas en la materia.
Como institución de derechos y garantías dedicada a preservar, promover y proteger el respeto por los derechos humanos, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad desarrolla diferentes tareas tendientes a impulsar el adelanto de la mujer en todas las esferas de la vida pública y privada. Con ese fin, creó mecanismos y recursos destinados a que ellas accedan al ejercicio pleno de sus derechos; contribuyendo así a construir relaciones más igualitarias, solidarias y respetuosas de los derechos humanos.
Por ello y más allá de adherir a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la Defensoría insta a trabajar de modo permanente en la promoción de prácticas más incluyentes y representativas que faciliten una mayor participación de las mujeres en la vida política y social, como así también a bregar por la eliminación de aquellas formas de discriminación que en lo cotidiano obstaculizan la igualdad real de oportunidades y de trato.
Dra. Alicia Pierini
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Diciembre de 2009
Seguridad y consenso
La seguridad porteña debe ser una política de Estado consensuada por las mayorías democráticas de la Ciudad. Con ese consenso se elaboró la Ley 2.894 de Seguridad Pública en un proceso donde la Defensoría del Pueblo aportó los principios básicos para hacer de los derechos humanos el sustento axiológico y jurídico del andamiaje institucional en formación.
Por ello, la Defensoría considera vital participar en la etapa fundacional de la Policía Metropolitana que nos libere de las malas prácticas policiales y nos ayude a construir un cuerpo amigo de la gente y de sus derechos. Pero también, porque sabe que si las representaciones democráticas bajan la guardia, habrá intereses que avanzarán para verter su vino viejo en nuevos odres y no faltarán quienes seguirán acumulando las pingues ganancias que emanan del mercado de la seguridad.
Los porteños vivimos en un territorio a cargo de fuerzas federales que no controlamos; que instalan en la Ciudad contaminantes cementerios de autos, apalean a jóvenes en recitales; urden falsos enfrentamientos para encubrir delitos propios; hacen la vista gorda ante el tráfico de drogas o la trata de personas; aprietan a comerciantes fijos o ambulantes y cobran adicionales por más de lo que hacen.
Ante ello, reafirmamos que la primera seguridad surge de los derechos, cuya jerarquía varía según el valor protegido. Mientras el Pacto de San José de Costa Rica y el de Derechos Civiles y Políticos consagran el derecho a la seguridad personal, la Declaración Universal habla de la seguridad de la persona; ninguno de ellos alude a la seguridad de los bienes materiales, cuya protección corre por cuenta de las compañías aseguradoras. El Estado –en cambio- debe proteger la vida, la integridad y la dignidad de las personas.
Lo cierto es que en torno a la seguridad se conformó un mercado que mueve millones a través de agencias privadas, armas, tecnologías e informática, y que -como todo mercado- tiene un lado visible y otro encubierto que el Estado no puede ignorar.
Este mercado se nutre de la inseguridad real o agigantada en los medios que convierte a las clases medias y altas en demandantes de alarmas, custodias, blindajes y otras ofertas. Sería deseable que el Estado contara con ellas para controlar a las banditas de pibes y marginales que delinquen a cambio de droga, a varias pymes dedicadas a delitos puntuales, al delito organizado y al transnacional.
Hoy, en la Ciudad, las agencias privadas despliegan casi tantos hombres como la Federal y la frontera entre ambas es cada día más porosa.
Pero si algo perturba a los mercaderes de la seguridad es el trabajo sobre los derechos humanos en tiempo real; tarea que implica la defensa de los derechos del vecino.
La construcción de la autonomía porteña lleva 14 años y no debería detenerse. Parte de ella es contar con una policía nueva, propia y mejor. Las canchas embarradas no pueden hacernos perder la brújula en medio de un largo proceso que demandará entre 8 y 10 años de trabajo. Precisamente porque llevará mucho tiempo, no debe ser producto de mayorìas coyunturales sino de convicciones y consensos.
Dra. Alicia Pierini
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Noviembre de 2009
Reclamar, una odisea
A pesar de ser sábado, JM madrugó. Lo aguardaba un fin de semana de intenso trabajo que incluía arduas búsquedas en Internet. Somnoliento, encaró la compu e intentó ingresar a un sitio oficial. No lo logró. Sobre un fondo blanco, un mensaje le advertía: No se puede mostrar la página. Buscó alternativas, reinició el equipo, cliqueó en actualizar; pero sólo conseguía que el desalentador mensaje reapareciera en su monitor.
Entonces marcó el 0810 de su proveedor. Tras dar su número de cliente, una voz grabada le informó que el área a la que correspondía su abono tenía un problema que se solucionaría a la brevedad.
Experto usuario de servicios, JM sabía que, para los prestadores, la expresión a la brevedad suele significar vaya a saberse cuándo. Lo que no imaginaba era que recién el lunes y tras muchos llamados frustrados lograría comunicarse con una señorita de la proveedora que con estudiada amabilidad le dijo: Mi nombre es Sabrina…¿En qué puedo ayudarlo?
Tras escuchar el relato de JM y chequear su condición de abonado, la muchacha le aseguró que el servicio se restablecería en dos horas. La buena noticia no evitó que JM explotara cuando Sabrina le informó que, como sus llamados anteriores no habían sido registrados, la empresa no le descontaría los días en los que estuvo privado del servicio.
En realidad, el proveedor de JM había incurrido en un rosario de ilícitos. Según la ley 2.475, debe contar con un número telefónico gratuito –por ejemplo, una línea 0800- a disposición de sus abonados; pero quien desee hacerle una consulta o reclamo debe pagar para comunicarse con un 0810.
Asimismo, su pre-atendedor telefónico debe ofrecer un primer menú de opciones que incluya la alternativa de hablar con un/a operador/a. Durante el complejo fin de semana de JM, esa posibilidad no existió.
Al atender, Sabrina debe presentarse con su nombre y apellido e indicar su legajo. La muchacha sólo dio su nombre de pila.
Estas y otras violaciones a la ley 2.475 son habituales entre las prestatarias de servicios. Así lo verificó la Defensoría del Pueblo tras investigar los sistemas de atención al cliente de casi medio centenar de empresas dedicadas a la salud, la telefonía, la banca, los seguros y la TV por cable, entre otros rubros. Por ello, recomendamos al Director General de Defensa y Protección del Consumidor de la Ciudad que controle y verifique el cumplimiento de la Ley 2.475 y sancione a las compañías que infrinjan la norma.
Dra. Alicia Pierini
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Septiembre de 2009
Los jóvenes y sus derechos
Desde la recuperación de la democracia, el relato sobre los años de plomo insistió en el horror de la represión, de los secuestros y las desapariciones, de los centros clandestinos de detención y sus salas de tortura; pero omitió o minimizó las referencias a la vida que habían elegido vivir aquellos jóvenes que terminaron siendo sus víctimas, al modo alegre con que compartían sus ideales, a sus militancias solidarias, a sus valores y a la ética que cultivaban tanto en la lucha política como en el devenir cotidiano.
Tal vez por ello, los jóvenes de hoy saben más sobre la muerte de quienes los precedieron que sobre sus historias de vida, sus sueños y sus convicciones. Incluso –me consta- se sorprenden de que otrora hayan existido chicas y muchachos como ellos que se apasionaban por la política y militaban en nombre de ideales superiores aún sabiendo que ponían en juego sus propias vidas.
Es cierto que nuestros actuales jóvenes nacieron y crecieron en democracia y que ello los exime de tener un conocimiento directo sobre el costo del sacrificio y de la sangre que debió correr para que hoy rijan las libertades y los derechos. Pero no menos cierto es que ellos tienen el derecho y el deber de acceder a la memoria y a la verdad histórica; esa que la educación formal suele soslayar o fragmentar en un maremágnum de oportunismos, monsergas y narraciones incompletas.
En esa falla formativa debe buscarse la razón por la cual los jóvenes carecen de una visión cabal de sus derechos y deberes. Si bien valoran la libertad y la justicia; sólo expresan esa valoración cuando una u otra son cercenadas. Entonces, reaccionan y –lamentablemente- hay ocasiones en las que lo hacen con violencia.
Debemos ayudarlos a comprender que derechos y deberes son anverso y reverso de un mismo orden democrático; que al derecho a no ser discriminado le corresponde el deber de no discriminar; que cuando puedan decir con convicción que mis derechos son también los tuyos, tus deberes son también los míos, estarán haciendo un verdadero ejercicio democrático.
La Defensoría del Pueblo difunde los derechos de todos y capacita para ejercerlos. En esa tarea, privilegia a los jóvenes, a quienes reconoce como parte de una franja dinámica y aún incontaminada por la corrupción de las costumbres, y como sujetos activos en la construcción de una ciudadanía y de una sociedad capaz de respetar los derechos de todos y de preservar la libertad y la justicia.
Con esa certeza a cuestas, estamos diciéndoles: Para ejercer tus derechos, tenés que conocerlos. Lo hacemos a través de afiches ubicados en sitios que los jóvenes frecuentan tratando de incitarlos a charlar y debatir sobre los recursos a su alcance para enfrentar a las inseguridades y acechanzas de hoy –tan distintas a las del ayer- y que se manifiestan en la droga, el facilismo, la ignorancia, la violencia o la salvación individual.
Sólo cuando conozcan sus derechos y deberes, los jóvenes se convertirán en ciudadanos plenos.
Dra. Alicia Pierini
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Agosto de 2009
Prevenir es una actitud
Si puede prevenirse no es accidente, suelen asegurar los medios de comunicación. Como desde la Defensoría compartimos ese punto de vista, ponemos el acento en prevenir cualquier vulneración de derechos y no esperamos que ella se produzca para luego señalar culpables. Así lo hicimos ante la falta de controles en los boliches bailables y todos recuerdan la tragedia que ocurrió en pleno Once por no escuchar nuestras alertas tempranas.
Continuando en esa línea frente a los más diversos temas, en esta ocasión me referiré sólo a uno de ellos: los llamados accidentes domésticos.
Según la Sociedad Argentina de Pediatría, los accidentes domésticos que ocurren en nuestro país constituyen –luego de los siniestros viales- la principal causa de muerte entre niños y niñas. Es así que las crónicas suelen anoticiarnos de chicos o chicas que se ahogaron, se quemaron o se electrocutaron; hechos que –afirman los expertos- podrían evitarse si los adultos supervisaran a sus hijos y tomaran las precauciones debidas.
¿Qué hace falta para que en hogares, escuelas, plazas o calles se tomen las medidas necesarias para reducir al mínimo la situación accidental? ¿Sólo el Estado debe encargarse de ello? Creemos que no. Obviamente, el Estado es responsable cuando los semáforos no funcionan o faltan en las cercanías de las escuelas; cuando no ordena el tránsito y se consagra la impunidad de las picadas o cuando los juegos de la plaza presentan peligrosos deterioros. Pero estar atento a la mayor parte de los riesgos previsibles es responsabilidad de los adultos. Son ellos los que deben cerrar las llaves del gas antes de acostarse y evitar que hayan cables sueltos en la casa; mantener insecticidas y remedios lejos de los niños; ubicar la pava o la sartén en las hornallas traseras de las cocinas; no encerar escaleras; vigilar que los más chiquitos no se acerquen a las estufas encendidas y no dejarlos solitos en la bañera o la piletita; cuidar que cuchillos o tijeras no lleguen a sus manos, que no traguen botones, monedas u otros objetos pequeños, entre otras elementales precauciones.
La cultura del riesgo que se sostiene en el a mí no me va a pasar es parte de la cultura de la transgresión de quienes gustan vivir al límite para luego llorar sobre la leche derramada. La Defensoría promueve el valor de la vida y, por ende, la cultura del cuidado de uno mismo y de los demás. Cuidado cuando manejamos el auto o cruzamos la calle, cuidado y prevención de accidentes con los más chicos o con los más viejos, porque son los más vulnerables. Por eso, durante septiembre y con la colaboración desinteresada del humorista Fernando Sendra lanzaremos una campaña para prevenir y concienciar a los padres sobre los accidentes domésticos con el lema Que tus hijos puedan jugar sin poner su vida en juego.
La Ciudad requiere que nos cuidemos entre todos, tanto como necesita ser cuidada por todos. Y ese cuidado es una actitud que empieza en el hogar con la propia familia, sigue por las calles del barrio con nuestros vecinos y continúa por el resto de la urbe con todos los que la transitan.
Dra. Alicia Pierini
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Julio de 2009
Policía Metropolitana: ¿Qué hay de nuevo?
En el imaginario colectivo, la Policía Federal siempre fue mirada con desconfianza, un sentimiento abonado durante años por el carácter violento y corrupto de algunos de sus miembros. Por eso, para que un ex comisario de esa fuerza pueda conducir el nuevo cuerpo de manera fiable debiera previamente dejar satisfechas todas las inquietudes planteadas.
Nadie pretende que el Jefe de Gobierno porteño abdique de sus atribuciones legales, entre ellas la de nombrar a quien conducirá la flamante Policía Metropolitana. Pero la designación del ex comisario Jorge Palacios al frente de ésta ha resultado poco prudente y nada consensuada. ¿Imaginará Mauricio Macri que quienes en octubre de 2008 apoyamos y cooperamos para que se sancionara la Ley de Seguridad seremos indulgentes con la metodología elegida para este nombramiento?
La nueva policía no es la policía de Macri sino una institución para la seguridad de todos los porteños. Sin embargo, basándose en el conocimiento y la confianza personales, el Jefe de Gobierno ha logrado imponer la designación de sus responsables sin más trámite, eludiendo que la construcción de una política de Estado como la de la seguridad, de un valor estratégico para esta ciudad metrópoli, debe expresarse en cada uno de sus pasos tácticos, entre ellos, las designaciones de autoridades y la evaluación de su historial.
Incluso se tendría que haber auscultado cuál es el grado de aceptación del o los candidatos en los sectores informados, jurídicos, sociales, académicos y políticos conocedores del tema, para cubrir un cargo tan importante, habida cuenta del espíritu constitucional que para funciones de bastante menor incidencia ha estipulado la convalidación legislativa.
Queda ahora a cargo de la flamante conducción de la Policía Metropolitana demostrar que no pondrá su vino viejo en los nuevos odres, sino que empleará toda su experiencia en no confundir autoridad con prepotencia ni repetir nada de aquello que provocó la desconfianza popular: los edictos arbitrarios, el gatillo y la corrupción fáciles y las teorías de la actitud sospechosa y la peligrosidad sin delito.
En una nueva apuesta a la esperanza, confío entonces en que la nueva institución desarrollará diferentes prácticas policiales. Pero también tengo memoria, y por ello aspiro fervientemente a que algunos episodios no vuelvan a producirse nunca más en nuestra ciudad.
Dra. Alicia Pierini
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Junio de 2009
Más construcción, menos confrontación
Las políticas de confrontación permanente demuestran que no hemos superado la inversión del concepto clausewitziano, según el cual la política es la continuación de la guerra por otros medios. Si las guerras devastan a las ciudades y arrasan con sus habitantes, la permanente confrontación urbana devasta e impide desarrollar el campo de fuerzas de una inmensa mayoría deseosa de construir una ciudad mejor.
Si el paradigma de la confrontación y su artillería de palabras obvias (luchar combatir, no pasarán, impedir) se sustituyera por los principios de la arquitectura sostenidos en el arte, la tecnología y las ciencias humanas, y los discursos incluyeran expresiones como proyectar, formar equipos, diseñar, equipar, calcular, ejecutar al servicio de quienes habitan o habitarán la obra a realizar, ¡cuánto mejor viviríamos hoy en la ciudad y qué poderoso legado le dejaríamos a nuestros hijos!
La actual cultura política debería plantearse seriamente cómo consensuar para construir. Para ello, se requiere analizar nuestra la realidad urbana tema por tema y barrio por barrio, considerando sus raíces y sus posibles desarrollos positivos, sin imponer narraciones sectoriales ni falsear datos que confundan los diagnósticos. Antes de construir, un arquitecto estudia el suelo, la geografía, los contextos urbano, humano, económico, cultural y social, como así también los límites de las normas y de la tecnología disponible. Recién después diseña, calcula, consulta, mide costos y tiempos, selecciona oficios y conduce equipos de ejecución y supervisión.
La arquitectura también se piensa y se realiza con ideología y pertenencia a un tiempo y un espacio real. Por eso, y aunque deba demoler para poder construir, su objetivo no es la demolición, sino la construcción.
Un conocido deportista –hoy devenido en político- suele decir que para ser campeón hay que tener el mejor motor, el mejor equipo técnico, el mayor entrenamiento personal y la mejor información sobre la ruta a recorrer; pero que a nadie se le ocurre llegar a campeón torpedeando a los contrincantes.
Cada músico tiene su instrumento y su momento para intervenir durante el concierto; sin embargo, todos comparten códigos y partituras, y ninguno imaginaría desafinar el instrumento del colega, sino a riesgo de vulnerar la interpretación orquestal.
Los científicos no se ocupan de denostar a sus predecesores; se dedican a aprender de ellos para superarlos, porque la ciencia se desarrolla por acumulación e integración de saberes.
Tanto el deporte, las artes y las ciencias enseñan cómo llegar a una meta, cómo progresar o cómo ser parte de ese todo que es más que la suma de sus partes. Si asumiéramos esas enseñanzas para mejorar nuestra realidad, podríamos –tal vez- gestar un nuevo estilo de trabajo en la ciudad que nos permita volver a soñar con un tiempo nuevo y mejor.
Dra. Alicia Pierini
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Mayo de 2009
Renovar Legislatura, renovar esperanzas
En pocas semanas, los porteños elegiremos a nuestra sexta Legislatura. La primera vez que lo hicimos fue en octubre de 1997, cuando decidimos quiénes serían los sesenta legisladores que ocuparían sus bancas durante tres años y medio. En agosto de 2000 una segunda Legislatura sustituyó íntegramente a su antecesora y, aunque algunos diputados fueron reelectos, hizo que otros dejaran sus cargos para que nuevas caras ingresaran al recinto de la calle Perú.
Aquellas dos legislaturas iniciales encararon la ardua tarea de sancionar leyes fundamentales que conformaron el andamiaje jurídico en el que se sostiene el sistema institucional autónomo de la Ciudad.
Largos debates y muchas horas de labor insumió el estudio de los distintos perfiles que podían tener nuestras instituciones, la congruencia del sistema y la consistencia interna del entramado legal que dotó de un marco adecuado y sustentable a los poderes del Estado creados por la Constituyente de 1996. Aquella producción legislativa incluyó a la mayoría de los proyectos presentados y privilegió el consenso, tal como lo requería una arquitectura institucional apenas distraída por alguna minoritaria voz disonante.
La tercera legislatura asumió en diciembre de 2003 y desde entonces ya no hubo renovaciones íntegras del cuerpo ni diputaciones reducidas, sino que comenzó a cumplirse la norma constitucional que fija mandatos de cuatro años con renovación por mitades cada dos. Así, los nuevos legisladores se sometieron a un sorteo que determinó quiénes quedarían hasta 2007 y quiénes cesarían en 2005.
A partir de entonces, los porteños elegimos treinta legisladores cada dos años. Lo hicimos en 2007 y lo haremos el 28 de junio próximo, fecha en que nuestro voto decidirá quiénes serán los nuevos ocupantes de las bancas que queden vacías el venidero 10 de diciembre.
Aún bajo el imperio de la misma Constitución y de reglamentos más o menos parecidos, cada recambio de legisladores modifica el espíritu del cuerpo y -aunque entre los diputados que priorizan la gobernabilidad y la construcción institucional prevalezca la voluntad de lograr acuerdos y construir consensos- la Legislatura ya no tiene su mística fundacional. Hoy, sus numerosos bloques, subbloques y hasta bloques unipersonales dificultan la tarea de legislar; prueba de ello son los errores técnicos de algunas leyes que obliga sucesivos emparches y los proyectos que no se llegan a tratar porque la vorágine política lo impide y el implacable almanaque los hace caducar a los dos años de presentados. En ese valle de los caídos hay infinidad de buenos proyectos y de ideas que debieran reciclarse, mencionando –por honestidad intelectual- a sus originales impulsores.
Sabemos que toda renovación genera esperanzas. Claro que no vendrán buenos legisladores por arte de magia ni por gracia divina, sino por nuestro voto. Al emitirlo, recordemos que el sistema normativo que nos rige estará en manos de aquellos a los que elijamos en el cuarto oscuro.
Dra. Alicia Pierini
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Abril de 2009
El mercado sucio de la seguridad
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner lo dijo el 1 de marzo de 2008: existen zonas liberadas para el delito como en otras épocas las tuvo el terrorismo de Estado. Aunque nuestra democracia no debería tolerarlas, ahí están junto a los aeródromos clandestinos, a las policías ambivalentes o a las redes de complicidad.
¿Pueden los economistas calcular cuánto dinero mueve el mercado de la seguridad que ofrece vigilancia y custodia privada, alarmas, blindajes, rejas, barrios cerrados, control satelital, seguros y armas? ¿Cuánto factura la inseguridad al tomar forma de mercancía y transformase en música, programas de TV o publicidad?
¿Podrían identificar a quienes compran en ese mercado? No parece muy difícil: cada uno compra seguridad según sus miedos, su bolsillo y los bienes a proteger.
¿Y a los que lucran con él? Tampoco es difícil: basta con ver a los directivos de las empresas del ramo.
¿Podrían los sociólogos escudriñar en ese proletariado al que apelan los vendedores de seguridad para activar el mercado? Les bastaría con reparar en el origen de la llamada delincuencia juvenil, en la calidad de la droga que consumen y en su eventual final como víctimas del gatillo de los capataces de la inseguridad que -en no pocos casos- son los propios vigiladores, policías o penitenciarios.
El mercado de la seguridad-inseguridad está íntimamente relacionado con el de la droga. Si el paco sirve para que el proletario de la inseguridad meta miedo con su violencia, la droga de mejor calidad permite a los sectores medios y altos trabajar y consumir con un descontrol socialmente aceptado.
Tal vez, sea hora de plantear que no hay contradicción entre derechos humanos y seguridad; pero que sí la hay entre la democracia y los mercados sucios del narcotráfico que incorporan a los excluidos del sistema como proletarios sin futuro o capataces de la neoindustria de la in-seguridad. Así van limando a la democracia y sus valores.
A la guerra sucia la sustituyó el mercado sucio; y las zonas liberadas son hoy la continuidad por otros medios de la política sucia.
La sociedad reclama que cesen las consecuencias de esa suciedad organizada; por eso, cuando pide seguridad, apenas está demandando protección.
Por cierto que debiéramos protegernos colectivamente de estos mercados sucios y mafiosos, y de sus complicidades.
Las mamás de los “pibes chorros” o “paqueros” saben mejor que nadie cómo entraron sus hijos en el delito o en la droga y conocen a sus capataces. Ellas luchan y se organizan a pesar de estar más desprotegidas que aquellos que pueden pedir protección legal o comprarla en el mercado de la seguridad, el mismo que necesita de la inseguridad para poder funcionar. Ellas saben, igual que la Señora Presidenta, que las zonas liberadas no existen porque sí; sino porque algunos las liberaron para que la droga pudra las conciencias en forma directamente proporcional al engorde de sus ambiciones, empresas, bolsillos y -por que no- de su clientela electoral.
Dra. Alicia Pierini
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Marzo de 2009
La Defensoría que viene
El pasado 12 de febrero, la Legislatura porteña resolvió ratificarme como Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires por un nuevo período de 5 años. Esa decisión es un voto de confianza y, a la vez, un desafío: la nueva gestión no deberá ser más de lo mismo; porque cuando todo cambia, quien no lo hace retrocede.
Por eso, en la etapa que se inicia asumiremos un doble compromiso: por un lado, consolidar todo lo que hizo de la Defensoría una institución confiable; por otro, renovar las herramientas y procederes utilizados para garantizar los derechos de los vecinos y ofrecerles las respuestas más adecuadas a sus problemas.
Trabajar en equipo con personal que posee diversas formaciones profesionales e ideológicas no es fácil. Sin embargo, es posible cuando todos comparten la misma brújula -la vigencia de los derechos humanos- y caminan en una misma dirección. Por cierto, habrá diferencias en el lenguaje, en la elección de herramientas o de la oportunidad; pero el interés general y la vigencia constitucional amalgama a los casi doscientos profesionales y a los equipos de apoyo que dedican su tiempo a estudiar, diagnósticar y proponer solución a los conflictos que afectan a nuestra vecindad.
Según la Constitución, el organismo unipersonal que es la Defensoría del Pueblo constituye, en lo real, un colectivo humano con vocación y energía intelectual al servicio de la sociedad. Si así pudo construirse hasta ahora, los años venideros obligan a consolidar este logro para abarcar más temas, profundizar su estudio y atender y servir a la sociedad en cada ocasión y lugar.
La cuestión metropolitana será insoslayable. La Ciudad no es una isla; forma parte de un conglomerado urbano en cuyos variados escenarios –entre otros, espacios públicos, transportes, escuelas hospitales- su gente se entremezcla a diario y comparte problemas comunes que -como ocurre con la contaminación, la pobreza o la inseguridad- no respetan fronteras.
Por ello, en los próximos años, la Defensoría deberá incorporar en sus diagnósticos tanto el contexto metropolitano como el sistema federal y, al abordar temas económicos, ecológicos o los vinculados con el delito organizado o la comunicación digital, no podrá soslayar el contexto mundial.
Asimismo, tendremos que aceptar el desafío de operar sobre un turbulento contexto político, sin movernos un ápice de nuestra independencia, prescindencia y respeto por todos los sectores.
Otro eje a atender será la capacitación continua del personal, para que ofrezca un mejor servicio y logre su realización profesional. Cuando el mundo cambia y los conocimientos se multiplican, quien ha hecho una carrera debe seguir estudiando para mantener su profesionalidad; pues no es con intuición, caridad ni demagogia como se defienden los derechos, sino con seriedad, reflexión y método.
A diario, llegan a nosotros problemas vinculados con salud, educación, vivienda, trabajo digno, programas sociales y uso del espacio público; reclamos de consumidores y de, usuarios o de de ciudadanos disconformes con la administración del estado, el tránsito, la seguridad alimentaria o preocupados por el delito, la contaminación, los derechos de los sectores vulnerables, la discriminación étnica, sexual o ideológica, las adicciones, la inseguridad vial, y decenas de otros temas.
Las 106.978 consultas atendidas en 2008 y las 23.201 resoluciones firmadas en el último lustro dejan claro que la Defensoría del Pueblo es una institución dinámica, polifacética e idónea a la que buena parte de los vecinos recurren para asesorarse, asentar sus reclamos o encauzar sus conflictos.
Sobre este último punto también habremos de profundizar y expandir los métodos que los resuelvan por las vías de la mediación, la conciliación y el arbitraje.
En síntesis, venimos de recorrer cinco años con aciertos y errores. Para los próximos nos proponemos consolidar los primeros, corregir los segundos y avanzar con la misma brújula a través de caminos que ensanchen y mejoren los ya transitados. ¡Qué así sea!
Dra. Alicia Pierini
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