El derecho de las mujeres a vivir libres de violencia ha sido consagrado y establecido como un desafío prioritario por la comunidad internacional y también por nuestro marco normativo interno, tanto nacional como local.

Por ello, el Estado se ha obligado no sólo a condenar enérgicamente toda forma de violencia contra la mujer sino también a adoptar los medios necesarios y apropiados para prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia. Entre estas obligaciones se encuentra la de garantizar un acceso efectivo no sólo de iure sino de hecho a instancias y recursos judiciales idóneos de protección frente a los actos de violencia.

En este contexto, el programa de servicio de patrocinio jurídico gratuito a víctimas de violencia de género se erige como una herramienta esencial en la lucha contra la erradicación de la violencia y la tutela de los derechos de las mujeres.