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No se aplica la ley que protege a testigos del terrorismo de Estado
La Legislatura de la Ciudad sancionó el 27 de noviembre de 2008 la Ley 2939 que regula la asistencia y contención de querellantes y testigos víctimas del terrorismo de Estado en las causas judiciales o investigaciones sobre los delitos de crímenes de lesa humanidad.
La ley prevé la asistencia psicológica y la conformación de un equipo de trabajo formado por profesionales, técnicos y administrativos con antecedentes en la materia.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no sólo se encuentra en mora en la reglamentación de la ley, sino que, lo que es más grave, se encuentra en mora en su implementación. Y ninguna de las obligaciones previstas por la ley requieren específicamente de una reglamentación, sino de la organización de los recursos y de la voluntad de ponerla en práctica.
Se recomendó a la Directora Ejecutiva del Instituto Espacio para la Memoria, Ana María Careaga, que reglamente la Ley 2939 y ponga en práctica sus disposiciones.
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Dañan con pinturas el sitio histórico Pirámide de Mayo
Una asociación que defiende a los condenados por delitos de lesa humanidad manchó con pintura negra los pañuelos blancos dibujados en el piso de la Pirámide de Mayo. La Defensoría pidió al gobierno porteño que intervenga.
Informe Especial sobre violencia policial en la ciudad
En el último tiempo las denuncias sobre casos graves de abuso policial que ha recibido esta Defensoría del Pueblo han aumentado considerablemente y es obligación de este órgano constitucional advertir sobre esta situación, para que no continúe ni se repita.
Las ambulancias del SAME no ingresan a la Villa 21-24
El director del SAME argumentó que se trata de una medida de protección de los empleados del servicio de salud a raíz de los numerosos asaltos y agresiones sufridas. No obstante, la Defensoría entiende que la legítima preocupación del Director General del SAME por preservar la integridad física de los trabajadores de la salud a su cargo no justifica medidas que importan segregar comunidades y dejar en situación de desprotección a la población escolar.
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